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Ante las nuevas propuestas del Gobierno para bajar el precio de la luz, las empresas eléctricas amenazan con parar las centrales nucleares.
El Foro de la Industria Nuclear Española rechaza el paquete de medidas del Gobierno aprobado este martes 14 de septiembre.
Dicho plan fue confeccionado para combatir las continuas subidas del precio de la luz. Consideran que «abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear».
Especialmente a las nucleares, explican. Las eléctricas indican que el proyecto de ley que pretende disminuir el precio del CO2 no emitido del mercado eléctrico, procedente del nuevo Real Decreto-ley, castigará duramente al sector nuclear.
Explican que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear», y exigen que, de entrar en vigor la ley de CO2, no se aplique de forma retroactiva «en ningún caso».
Las eléctricas deberán devolver temporalmente los beneficios «extra» que han obtenido gracias a los altos precios del gas. Esta medida estará vigente hasta marzo de 2022.
Por otro lado, el proyecto de ley que pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las instalaciones que operan desde antes de 2003 queda pendiente de aprobación.
Las eléctricas han mostrado su oposición y amenazan con cesar la actividad si la futura norma sigue adelante. Explican que la norma «ahonda aún más en la penalización» a las nucleares. Exigen que no la apliquen sobre la energía nuclear. «Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente».
Consideran que «el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas».
«El cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista», ha declarado el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Aaraluce.
El impacto de la ley del CO2, explican, junto a la «excesiva presión fiscal» que soporta el parque nuclear español, unidos al cese nuclear en 2035, «le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad».
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