Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el estado de alarma decretado con el inicio de la pandemia de Covid en España. Todos los españoles que recibieron multas por saltarse alguna de las medidas durante el confinamiento pueden ahora reclamarlas.
El texto mantiene que la suspensión de un derecho fundamental se habría podido hacer a través del estado de excepción, pero no del estado de alarma.
Todas las sanciones y multas impuestas durante el periodo que duró el confinamiento quedan por tanto inválidadas, pues van contra la ley.
Por ello, todas las que no hayan sido aún pagadas quedan a partir de ahora sin efecto, aunque en su día recayera sobre ellas una sentencia firme de un tribunal que las confirmó.
Respecto a las que ya han sido abonadas, deberá ser la persona sancionada la que reclame ante la Administración la devolución del importe, alegando la decisión del TC.
Ambas dependerán del articulado concreto de la decisión del Tribunal Supremo, que por el momento no se ha dado a conocer. También dependerá de los mecanismos voluntarios que pueda concertar la Administración para devolver dichas cantidades.
La sentencia del TC no da permiso para reclamar los daños y perjuicios que se hayan podido generar en los negocios durante el periodo que duró el confinamiento nacional. A pesar de que la medida ya es ilegal, el dueño de un restaurante o bar no tendrá derecho a pedir al Estado español que le indemnice por las pérdidas económicas que sufrió su negocio durante la vigencia del estado de alarma y que tomó el Gobierno.
El fallo de la justicia es claro en este aspecto, no se podrán revisar los procesos judiciales relacionados con el confinamiento sobre los que recaiga una actuación administrativa o una sentencia firme, como por ejemplo la decisión de cerrar el ocio de los locales nocturnos.
Para los comercios que también tuvieron pérdidas económicas durante el confinamiento, la sentencia recoge que ha sido la pandemia la que ha provocado ese descenso de los ingresos de dinero, y no ha tenido que ver la decisión adoptada desde el Ejecutivo, por lo que deberán ser sus dueños los que acarreen con el coste.
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