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La ley de la vivienda ha logrado algunos avances en su negociación, pero los socios de Gobierno no terminan de cerrar su reforma, Podemos sigue insistiendo en la rebaja del precio del alquiler pero el lado del PSOE no está de acuerdo.
Tras varios meses de desencuentros, la parte socialista cedió a congelar el precio de los arrendamientos pero solo en las zonas declaradas como «tensionadas».
José Luis Ábalos, ministro de Transportes habló en el Congreso de su oposición a reducir los precios y frenar su subida por encima de los fijados actualmente, tanto para los inquilinos como para nuevos contratos de la vivienda.
Sin embargo, Unidas Podemos no pierde la esperanza de alcanzar a un acuerdo y le envió un borrador con un mecanismo de rebaja de precios que recoge los siguientes puntos:
No cualquier tipo de alquiler podría tener un límite de precio, tan solo aquellos que se encuentren en zonas de mercado tensionado. Zonas que serían determinadas por los ayuntamientos y las comunidades competentes en la materia de vivienda y que pasarían a fijar los precios según el índice oficial de referencia.
Dentro de la zona tensionada, se aplicaría a todos los propietarios que firmen un contrato nuevo. Quedaría prohibido subir el precio a los que tuvieran alquilado un inmueble por un precio menor al que se establezca como tope, pero si se podría actualizar el alquiler con el índice de garantía de competitividad, precio que no podría superar al IPC
En cuanto a la limitación daría igual si la vivienda estuviera en zona tensionada y sujeta a unos límites de precio, la suma de los importes pagados por los inquilinos al dueño no podría ser superior al precio máximo fijado por la administración.
Podemos señala en su borrador que con el fin de que se establezca información más detallada, «los índices oficiales de referencia de precios de alquiler aplicables en las áreas declaradas de mercado tensionado serán elaborados por la comunidad autónoma».
UP especifica que cuando la Comunidad Autónoma no disponga de un índice propio o se encuentre en proceso de elaborarlo, tendrá que usar como referencia el índice de precios que puso en funcionamiento el Ministerio de Transportes en todo el territorio de España en el año 2020.
El precio tope se fija a partir de un índice, y este «se fijará atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual habitacional del área declarada de mercado tensionado».
Este plan de los morados, otorga autonomía a las administraciones para que señalen un método concreto para fijar el tope de precios, pero siempre debiendo estar ligado a un índice que tenga en consideración las cuotas que se pagan en esa zona residencial concreta.
Las administraciones contarían con la opción de acceder a un margen de tiempo para permitir que los dueños puedan aumentar brevemente hasta un 2,5% como máximo, el precio por encima del límite que se fijara.
Este se podría hacer según se indica en el borrador :
«Ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos, zonas comunitarias de uso compartido, renta familiar disponible de la zona, y otras».
Para esta ocasión, el inquilino tendría derecho a reclamar las cantidades de dinero que le ha pagado de más, y recibir a cambio una compensación económica cuyo importe sería la del interés fijado por la ley añadiendo un recargo de tres puntos.
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