Antes del pacto con el PSOE, Podemos exige dentro del nuevo decreto antidesahucios que se amplíen los criterios de vulnerabilidad.
Dentro de las negociaciones entre los socios del Gobierno, Podemos ha pedido que el nuevo decreto de antidesahucios amplíe las medidas que contiene el actual, rebajando los criterios de vulnerabilidad, con el fin de reducir el número de familias que se puedan quedar en la calle.
Decreto antidesahucios: petición de Podemos
Será el próximo 9 de agosto cuando el actual decreto acabe. Unidas Podemos quiere obligar a la administraciones públicas a que busquen una nueva vivienda para aquellas familias que finalmente sean desalojadas. Aquellas familias que sean consideradas vulnerables por los servicios sociales, no podrán ser desahuciadas excepto que el arrendador sea un pequeño propietario y que la Comunidad Autónoma donde resida le ofrezca otra vivienda.
Si no la llegaran a encontrar, la familia permanecería en su residencia aunque no la pudiera pagar, siendo el Estado el que pagara al casero la correspondiente compensación.
Cuando el arrendador es una empresa o dueño de más de diez viviendas, la protección que recibe es mayor, pues para tal caso se suspende de forma automática el desalojo siempre que la familia pueda acreditar su estado de vulnerabilidad.
Por ello, UP quiere que desde el 9 de agosto ese criterio sea el general a aplicar, independientemente de que el arrendador sea un gran o pequeño empresario.
A día de hoy son las familias las que deben de pedir que se suspenda el procedimiento de desahucio ante la justicia, y solo una vez solicitado, se pone en contacto con los servicios sociales para acreditar que dichos arrendatarios están en situación de vulnerabilidad. Para este caso Podemos exige que el proceso se active de forma automática por parte de los magistrados, sin que la familia afectada lo pida.
Ampliación de criterios
Otras de las peticiones de los morados es ampliar los criterios para considerar a las personas vulnerables. Por ahora, se considera que entran dentro de la definición los que estén en paro como consecuencia del Covid, aquellos que hayan tenido una «una pérdida sustancial de ingresos» o una gran reducción de dinero en su factura siendo autónomos. También aquellas familias que reciban al mes menos de 1.613,52 euros, cantidad que aumenta 53,78 euros por cada hijo que se tenga a cargo.
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