El País Vasco ha aprobado un decreto por el cual se aplicará un impuesto u otras sanciones a pisos que estén vacíos durante más de dos años.
![Barrio muy transitado de Bilbao](https://www.actualidad.es/wp-content/uploads/2021/06/D9Z2bc4U8AAPn5i-768x434.jpg)
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El consejero de Vivienda vasco, Iñaki Arriola, dice que el nuevo impuesto en el País Vasco a los pisos vacíos, ayudará a atender la demanda de vivienda social, ya que se calcula que en el País Vasco más de 15.000 pisos se verán afectados por esta medida.
Cobrará 10 euros al mes por metro cuadrado de un piso vacío
A partir de ahora, cuando un piso se considere deshabitado por más de dos años, se impondrá un impuesto sobre el piso de 10 euros por metro cuadrado cada mes.
Si el piso mantiene su condición de deshabitado, el impuesto subirá un 10% hasta llegar a un máximo de 30 euros al mes. En casos extremos, el Gobierno vasco podrá también llevar el piso al alquiler forzoso, o incluso puede llegar a expropiar el piso.
El ayuntamiento será quien diga qué pisos están deshabitados
Sin embargo, no todos los pisos entran dentro de esta nueva normativa. Los pisos excluidos de este nuevo decreto son los pisos que sean segundas residencias, que su deshabitamiento sea debido a un traslado temporal justificado o que estén ofertado en venta o alquiler dentro de los precios marcados por el mercado al menos tres meses. También entran dentro de este grupo los pisos cedidos a la administración para el alquiler protegido, los pisos de las organizaciones sin ánimo de lucro que se destinen a acoger a inmigrantes, discapacitados o mujeres víctimas de violencia de género. Pisos en reformas o que no cumplan los mínimos de habitabilidad tampoco están incluídos.
La recaudación irá a políticas de vivienda en los municipios
Con este nuevo decreto, el Gobierno vasco busca aumentar el número de alquileres disponibles, acorde con la demanda. Como consecuencia, espera que el aumento de alquileres provoque también una bajada de precios. Por último, la administración vasco también quiere evitar los casos de riesgo de ruina por el incumplimiento de la normativa de conservación.
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