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Continúan los planes del Gobierno para modificar la reforma laboral de 2012. En ella aparece la propuesta de regular la duración de los contratos temporales de trabajo de seis meses a un año en el caso de razones productivas. El documento, elaborado por el Ministerio de Trabajo, ingresa en la mesa de negociación entre sectores patronales y organizaciones sindicales, a un año de no tomarse decisiones concretas por un año debido a la pandemia.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó en una rueda de prensa la intención del Gobierno de realizar una “reforma sustancial del contrato temporal”, según las recomendaciones de la Comisión Europea, que a su juicio ponen el foco en “un mal endémico” como es el contrato temporal y la precariedad en España.
La intención es llevar a cabo una reforma “de calado y estructural”, reduciendo la temporalidad de los contratos.
Las Empresas ya no tendrían via libre para contratar trabajadores eventuales a menos que esgriman razones productivas con «un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial». El objetivo es la creación de empleos estables y sin depender únicamente de temporadas estivales. Aquellas compañías que contratan a personal durante momentos álgidos de actividad, como el verano o la campaña de Navidad, deberán hacerlo a través de «las modalidades indefinidas específicamente previstas para tal fin».
La modificación de la duración de los contratos temporales en el borrador del Ministerio indica que los mismos no podrán ser superiores a seis meses aunque, excepcionalmente, por convenio colectivo de ámbito sectorial, se podrán ampliar hasta un año como máximo. Esto daría un cierre a los contratos por obra y servicio, que actualmente tienen una duración de tres años, ampliable mediante convenio colectivo sectorial estatal a 12 meses más.
En otros puntos importantes de la reforma laboral propuesta, el Gobierno indica que las empresas deben explicar por escrito las causas y circunstancias del despido. Y en caso de inclumplimiento del empleador, el trabajador se convertirá directamente en indefinido.
En cuanto a las contratos y subcontratos, la empresa principal cargará con la mayor responsabilidad y deberá asegurarse de que la compañía subcontratada tenga solvencia y no arrastre deudas con la Seguridad Social. Los trabajadores, por su parte, quedarán amparados por el convenio del sector.
El borrador para modificar la reforma laboral de 2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, forma parte del acuerdo entre el PSOE y la formación Unidos Podemos. Todavía hay discrepancias entre la derogración completa de la misma o solo cambiar los artículos más perjudiciales para los trabajadores.
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