El G7 ha aprobado que las empresas tecnológicas paguen el impuesto en aquellos países donde trabajen, para acabar con la deslocalización fiscal.
El G7 formado por siete países (Italia, Francia, EEUU, Canadá, Alemania, Japón y Reino Unido), ha aprobado el primer fin de semana de junio un acuerdo para que las grandes empresas tecnológicas paguen un impuesto del 15% de sociedades en todos los países en los que generen algún tipo de negocio.
En vez de tributar solo en aquellos países donde tengan fijada su sede o filial.
El impuesto del G7 para empresas tecnológicas
La técnica que usaban hasta ahora multinacionales como Apple, Google o Facebook, se conoce como «deslocalización fiscal».
Esta, consistía en que solo tributaran en Irlanda declarando que gran parte de sus ganancias las obtenían en la filial que tenían allí. Así lo hacían pues, aunque obtenían beneficios en muchos otros países de la UE, en Irlanda hay una menor carga de impuestos comparado con el resto de estados miembros.
Los miembros del G7 han fijado también que el porcentaje del impuesto se eleve al 20% cuando el margen de beneficio de la empresa supere el 10% en ese territorio.
Impulso para otros
El acuerdo alcanzado por el G7 carece de carácter vinculante, pero que siete de los países más poderosos del mundo hayan logrado alcanzar un pacto después de años de negociaciones, es un gran paso para que el resto de países que se encuentran cerca de su órbita se unan a ello. Se espera, después de la celebración de la segunda reunión el fin de semana que viene, para ratificar el pacto. Otros como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20 lleven a cabo negociaciones similares.
El acuerdo se ha alcanzado tan solo unos días después de que la UE firmara el pacto para obligar a las empresas o subsidiarias que trabajen en Europa y logren facturar más de 750 millones de euros al año durante dos ejercicios fiscales seguidos, a que declaren, mediante un informe público, todos los países donde hayan obtenido beneficios económicos y las tasas pagadas.
Con la unión de estas dos iniciativas, las administraciones públicas de Europa podrán obtener toda la información que necesiten para fijar la cantidad de impuestos exacta que tienen que pagar las empresas en relación directa con los ingresos que hayan logrado sacar en cada país.
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