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El anuncio sobre la reforma de las pensiones y la inserción de las clases pasivas en las Seguridad Social, ocasionó el año pasado un incremento de las jubilaciones anticipadas por parte de los funcionarios. Un total de 10.387 personas y un 26% más que en el año 2019.
El aumento de la petición del retiro voluntario por parte de los trabajadores del Estado en el 2020. Se notó principalmente en el ámbito de la Educación, representando un 80% de las jubilaciones.
También se notó bastante dentro de los funcionarios que trabajan para el Ministerio de Justicia, elevándose un 97%. Dentro de la Seguridad Social las prejubilaciones alcanzaron las 119. Todo ello supone un incremento del 240% comparándolo con el mismo periodo de 2019.
No todos los trabajadores públicos aparecen incluidos dentro del Régimen de clases pasivas, sector gestionado hasta el año pasado por Hacienda. Pues desde las reformas llevadas a cabo por Zapatero, quienes comenzaran a trabajar par el Estado desde el 1 de enero del 2011, ya aparecen inscritos dentro del Régimen General. A pesar de ello, la cuantía de beneficiarios supera el millón de personas.
Aunque en la reforma futura no se espera que los términos de la jubilación varíen, los funcionarios no se fían de su posición inmutable dentro del proceso general de reformas. Los funcionarios tienen la posibilidad de pedir su retiro de forma anticipada antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando tengan cotizados 30 años de trabajo para el Estado. Y alguno en algunos casos, sin el factor reducido de la cuantía en la pensión que está negociando el ministro Escrivá estos días.
Las reformas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno tiene previsto poner en marcha después de recibir el visto bueno desde Bruselas. En él la reformas dentro del mercado de trabajo pasan por impulsar el empleo y reformar las pensiones a finales de 2021, dejando el nuevo sistema fiscal para principios de 2022.
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