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El anuncio hecho por el Gobierno sobre el proyecto de implantar pejes en todas las autovías españolas. Significará un aumento en la cantidad de dinero recaudado por el Ministerio de Hacienda, mediante la subida de impuestos de los conductores. Esta medida es una de las subidas de impuestos que aparecen recogidas en los documentos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que España mandó a Bruselas.
Dentro del texto emitido a la Comisión Europea, se indica que sería para el 2024 cuando todos aquellos españoles con un vehículo en propiedad que circulen por las autovías. Deberán abonar una cuota por el uso de las carreteras.
Se pretende alcanzar un acuerdo político y social, para lograr que los costes externos de transporte se internacionalicen, bajo el título de cobro al pagador, y el lema de quien contamina el medio ambiente, paga.
El pago sería algo razonable, si los conductores españoles no pagaran ya suficientes impuestos por el uso de sus automóviles. Sin embargo, este nuevo cobro podría ser una doble imposición. Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2019 el Estado se embolsó gracias a los impuestos de los conductores, un total de; 30.888 millones de euros.
A raíz de la entrada de la subida, cada español con vehículo propio tendría que pagar unos 1.000 euros de impuestos cada año. Teniendo en cuenta que la cifra total de coches en España es de 29 millones, siendo 25 millones de estos turismos.
21.513 millones de euros de los 30.000 millones embolsados por el Estado, pertenecen a las tasas de los carburantes, en concreto de los impuestos especiales y del IVA. Con el objetivo de elevar dicha cantidad, el Ejecutivo ha prometido a Europa que subirá los impuestos del diésel dentro del cuarto trimestre del año 2022. Ya que: «los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo».
5.493 millones de euros fueron recaudados por el Gobierno en 2019, todos ellos de españoles que adquirieron un vehículo nuevo, procedentes del impuesto de Matriculación; 616 millones de euros, y del IVA; 4.877 millones. Cifras que siguen siendo insuficientes para el Estado, por lo que Sánchez quiere subir el Impuesto de Matriculación en los tres primeros meses de 2022.
Por otro lado, 2.925 millones de euros fueron embolsados, pertenecientes al Impuesto de libe Circulación. Tasa que también quieren subir en 2022.
Según parece el dinero que el Estado recauda cada año por conductor, no les es suficiente, por ello han ofrecido a Bruselas que comiencen a apagar peajes en aquellas carreteras de España, donde aún no se paga. Desde el Gobierno indican que:
«Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías. Esta reforma introduce en España los principios el que contamina paga y el que usa paga. Así, se dota al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera en materia de costes de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias, y se introducen incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes. De acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional».
Hacienda tiene una recaudación anual de 30.000 millones de euros procedentes de todos los conductores. Mientras que el estado de las carreteras requiere de un mantenimiento estimado en cerca de 8.000 millones de euros. Aún así el Ejecutivo considera que necesita reunir más fondos.
Dentro de la documentación enviada a Europa señalan lo siguiente, sin especificar en ningún momento los detalles de cómo se implantarán estos nuevos peajes.
«Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial”.
«La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el precio de esta medida sea asumido por los cargadores. De esta forma, se incentiva la búsqueda de la máxima sostenibilidad y eficiencia en el transporte”.
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