Así lo ha propuesto el Ministerio de Trabajo tanto a patronales como a sindicados en las primeras reuniones para obtener la prórroga de los ERTE.
El Gobierno Central a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social presentaron a sectores representantes de las patronales y de los sindicatos una propuesta para extender los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) con condiciones similares a las actuales hasta el 30 de septiembre.
El Gobierno propone prorrogar los ERTE
La vigencia de los actuales ERTE vencen el 31 de mayo. Este es el motivo por el cual la prórroga fue el tema principal de la reunión propuesta desde Trabajo, liderada por Yolanda Díaz.
Según fuentes sindicales, la reunión fue productiva y uan vez que se establezca el nuevo plazo se deben discutir los contenidos del nuevo acuerdo. CCOO se mostró de acuerdo con la fecha establecida, mientras que UGT y CEOE no han dado respuesta aún. Actualmente 640.000 trabajadores dependen de la renovación del mecanismo de protección social.
La norma vigente obliga a las empresas relacionadas a un ERTE que no deben despedir a ninguno de sus trabajadores hasta, por lo menos, seis meses después de salir del expediente. En caso de incumplimiento debería devolver todas las ayudas recibidas por parte del Estado.
Las negociaciones anteriores en enero son muy similares a los actuales. Los principales puntos de discusión en la negociación se pueden resumir en dos ejes: la extensión de los ERTES hasta fin de año por parte de los agentes sociales y la exigencia de la patronal de flexibilizar la cláusula que castiga el despido durante los seis meses en que las empresas que están implicadas a un expediente. Los empresarios no han abandonado el intento de suavizar las penas y desde el CEOE plantearon la necesidad de flexibilización a la hora de despedir en el escenario actual. Algo a lo que se niegan rotindamente desde los sindicatos. Las tres partes se reunirán la semana que viene de nuevo para seguir negociando.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se había comprometido a extender el mecanismo de protección durante todo el año en forma pública y por escrito ante la Unión Europea. El Gobierno destinó en el presupuesto un gasto de 7.972 millones de euros este 2021 para mantener a lo largo del período este sistema del escudo social.
