Los días que suceden serán claves para recibir hasta 140.000 millones concedidos por los fondos europeos previstos para España. Para ello, necesita consensos para sacar las reformas exigidas por Bruselas y que las CCAA ejecuten los fondos que les corresponden.
Inevitablemente, a manos de pésimas figuras que lideran el país, España vuelve a estar inmersa en una gran crisis sanitaria, económica y educacional. La historia se repite si recordamos la crisis de 2008, empresas en banca rota, largas colas en oficinas de desempleo, iglesias y servicios sociales.
Aunque esta ver, todos con mascarillas el gel hidroalcóholico correspondiente. Esta difícil situación, donde ya cumplimos más de un año tras el primer confinamiento se une: el del reparto de los fondos europeos. Se trata del proyecto europeo más ambicioso desde la creación del euro, ya que supone la emisión de deuda comunitaria y de un fondo de inversión para reactivar las economías devastadas por la pandemia.
Su creación fue complicada ya que los países del sur tuvieron que activar todos los cauces de presión, incluidos los bancos centrales nacionales. Finalmente, vencieron. Al parecer, todo está todo listo para que los gobiernos envíen sus planes nacionales en los cuales deberán de las partidas de inversión y los compromisos de reformas estructurales. Sin embargo, el paso más más importante de todo este proceso es que todos los niveles de las administraciones españolas y europeas se tienen que poner de acuerdo para trazar los planes de inversión y reformas.
Estas son semanas de gran inestabilidad política. Por el momento, el Gobierno de la nación se mantiene en pie, pero las peleas entre los dos partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, están siendo continuas. Así como los enfrentamientos entre los partidos de derechas. Los desencuentros del pasado fin de semana llegaron al punto de impedir la aprobación del paquete de ayudas a las empresas este martes 9 de marzo. Así como la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario el viernes para activar los 11.000 millones.
En este contexto, el Gobierno tiene que acordar con la Comisión Europea la puesta en marcha de un proceso reformista que lleva bloqueado desde 2015. Con ello deberá poner fecha a cada una de las medidas. Bruselas pasará examen cada seis meses a las reformas acordadas y si no se han cumplido, podrá bloquear el desembolso de las ayudas.
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