Son unos 75.000 pensionistas, a los que Hacienda les está embargando una parte de su pensión, por las deudas que arrastran con el fisco.
Un sorprendente cambio en el criterio de la Dirección General de Tributos. Ha provocado que las pensiones de los pensionistas, se vean reducidas este mes. El embargo se produce como consecuencia de las deudas tributarias que los jubilados tienen con Hacienda.
Hacienda cobra las deudas de los pensionistas
La Seguridad social ha informado que el embargo de parte de la pensión, afectará a unos 75.000 pensionistas. Por el contrario, quedan exentos de esta reducción, aquellos cuya pensión esté por debajo del salario mínimo profesional, ya que son inembargables.
Debido a que el importe que se descontaba en los meses de paga extra era menor del que se debía aplicar. Ahora se ha producido un aumento del importe, que se deduce del salario de los pensionistas.
En el mes de diciembre los pensionistas cobran la llamada paga extraordinaria de Navidad , y una nómina ordinaria. Aunque la Seguridad Social tiene fijado los primeros días del mes de diciembre, en ocasiones es frecuente que los bancos lo adelantes, y sea a finales de noviembre cuando cobran el dinero.
La Seguridad Social segura que se han limitado a cumplir con el cambio que ha sufrido el criterio de Tributación. Haciendo efectivo la reducción en la nómina del mes de noviembre.
La justificación de Hacienda
Hacienda señala que ; «Diversas consultas emitidas por la Dirección General de Tributos en los años 2016, 2017 y 2018 establecen que los límites de embargo que recoge el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Solo se aplican sobre la totalidad de las percepciones salariales, incluyendo la paga extraordinaria».
Este punto fue apoyado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en febrero del año 2018.
Por lo tanto el departamento de Hacienda, encabezado por la ministra María Jesús Montero, se ha limitado a cumplir la normativa y aplicar el correspondiente criterio que se adoptó en legislaturas anteriores. En concreto desde el año 2016, y desde el 2018 por la propia Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Dejando claro que en ningún caso, esto se debe a alguna modificación establecida por el Gobierno actual.
