El Gobierno prepara un impuesto de 40 euros por cada tonelada vertida de residuos.
Así lo plantea el Gobierno, unas medidas que generarán una recaudación de hasta 861 millones de euros en 2021.
Los motivos por los que se plantea este nuevo impuesto estriba en evitar las sanciones impuestas por Bruselas, al incumplir la legislación europea. El marco legal en el que se ampara esta medida es en la futura Ley de residuos y suelos contaminados.
La propuesta ya estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado entre las medidas fiscales, solo que en ese momento pasó inadvertida.
Según ha afirmado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, esta medida se irá «trabajando a lo largo del próximo año». El tributo está siendo estudiado además por el Ministerio para la Transición Ecológica, quien trabaja con Hacienda para darle forma y compaginarlo con la correspondiente fiscalidad ambiental. La propuesta ya ha recibido el previo Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El principal objetivo de esta nueva Ley de residuos y contaminación del suelo es la reducción del volumen de residuos y una mejora en el tratamiento y gestión de los mismos. No son pocos los «tirones de oreja» que Bruselas ha dado, pues a España aún le queda mucho por mejorar en la gestión de los residuos. Las conversaciones entre los gobiernos regionales y el Miteco se producen desde 2018. Fue entonces cuando se comenzó a plantear establecer un tributo que revirtiera tanto en la recaudación de fondos como en la reducción de residuos.
A efectos prácticos, este nuevo impuesto grava el vertido de residuos que no sean peligrosos con 40 euros por cada tonelada, y la incineración con 20 euros. Cuotas que podrían reducirse considerablemente si los biorresiduos municipales se recogieran por separado. Entonces la cuota del vertido sería de 30 euros y la incineración 15 euros. Si se trata de residuos peligrosos, el depósito tiene un coste de 15 euros y la incineración de 10 euros. Ya son algunos los países que cuentan con multas de hasta 40 millones de euros por no cumplir la normativa europea. Por ello, esta nueva medida de gestión de los residuos puede frenar las sanciones económicas y la contaminación.
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