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Bruselas aprueba un adelanto de 16,8 millones de euros de los fondos europeos para dar a España como ayuda para combatir la pandemia.
Ha sido la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo quien ha aprobado esta semana una propuesta para liberar un total de 823 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE.
En esa cantidad se incluye lo correspondiente a España, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Hungría y Portugal, quienes recibirán adelantos por valor conjunto de 132,7 millones de euros en respuesta a la grave emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 a principios de 2020.
Varios países solicitaron un adelanto de estas ayudas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus en el continente. España, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Hungría y Portugal habían solicitado un adelanto a Bruselas para combatir la pandemia de COVID. Supone el 25% de la contribución total.
En el caso de España, recibirá 16.844.420 euros de manera anticipada de una ayuda total de 67,38 millones de euros.
A España le corresponden aproximadamente 59.000 millones de euros en subvenciones directas a través de este programa y el Gobierno ya ha anticipado que pedirá todas ellas entre 2021 y 2023. el Ejecutivo confía en que a lo largo del próximo año lleguen a España los 25.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (RFF, por sus siglas en inglés), además de otros 2.000 millones de euros en fondos regionales procedentes del programa React-EU.
Con el adelanto de Bruselas de las ayudas provenientes de los fondos, el Gobierno creará nuevos instrumentos de colaboración público-privada para gestionar los fondos de reconstrucción, de los que informará “puntualmente” a los agentes sociales.
La nueva figura jurídica se denominará Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Creará el Gobierno para gestionar la ingente cantidad de fondos europeos a través de la colaboración público-privada. Este nuevo instrumento apostará por proyectos estratégicos “con gran potencial de arrastre económico y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación”.
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