La compañía de reparto a domicilio debe regular al menos a 11.013 empleados por casos de «falsos autónomos».
La empresa de reparto a domicilio Glovo posee una deuda de un total de 35 millones de euros a la Seguridad Social por casos de «falsos autónomos». De acuerdo con el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), la plataforma catalana debe dar de alta a 11.013 empleados y abonar, al menos, 16 millones de euros por los impagos de las cotizaciones.
Glovo debe hacer frente a la deuda
Explican que la Inspección de Trabajo ha dado de alta en el régimen general a más de 20 mil repartidores desde el año 2017, pero la empresa que cuenta con sus trabajadores como autónomos y no los incluye en plantilla, no ha pagado las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
La precariedad en el trabajo de los «riders» es una situación que se ha denunciado en varias ocasiones. En 2017 se presentó una demanda por su situación y fue el pasado mes de septiembre cuando el Tribunal Supremo resolvió que la relación entre repartidores y Glovo tiene naturaleza laboral.
La Justicia considera que la compañía no cumple una función de intermediaria en la contratación de servicios entre los repartidores y los comercios, sino que es propietaria de los activos esenciales para la realización del trabajo.
Al total de lo que deben se le podría sumar un recargo del 20% 0 35% por intereses de una deuda no satisfecha. En este sentido, la Inspección de Trabajo estaría en la potestad de levantar un acta de infracción a la empresa.
La UGT ha resaltado el trabajo realizado por la Inspección de Trabajo. Consideran que «han conseguido sacar a la luz cómo era el verdadero modelo de trabajo de la plataforma (de reparto a domicilio) y ha actuado para corregir esa situación».
Regulación de los repartidores
El sindicato espera que el Gobierno apruebe una regulación de la situación de los repartidores y del sector en general. Entienden que varias compañías similares a Glovo llevan a cabo su actividad con «falsos autónomos». Creen que es clave que estas empresas asuman el compromiso de cumplir con la relación laboral que se establece en la legislación.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Ejecutivo espera aprobar una ley que reconozca a los «riders» como trabajadores asalariados. Apuntó que «una persona que va en bicicleta» no es un emprendedor sino un trabajador, por lo que el sector está expectante de que se termine aprobando.
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