Acusados por prácticas irregulares para obtener financiación bancaria y manipular las cuentas de la entidad para captar inversores.
La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro. También se han impuesto penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión para otros 11 acusados de la ex cúpula.
Se les acusa de prácticas irregulares para obtener financiación bancaria y por manipular las cuentas de la entidad para captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.
Condenados de Pescanova
Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados por Anticorrupción y condena a los otros 12.
La sentencia relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova. Al frente de la dirección estaba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa- Faro. Contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de Administración, Alfredo Pérez Uros, el Financiero, dirigido por Antonio Taboas y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.
Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional condena a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores. Se les condena a una multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.
De qué se les acusa
Después de la crisis de 2008 el presidente de la firma gallega planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, seguir obteniendo financiación a través de prácticas irregulares con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.
Una vez obtenida esa financiación, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones».
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