Reunión FEMP y Ministerio de Hacienda
El gobierno permitirá a los ayuntamientos que presten al Estado los ahorros por superávit que tienen en los bancos para devolverlos en forma de ingresos no financieros para gasto público, lo que permitirá a los consistorios disponer de 5.000 millones en dos años.
En los últimos años, los ayuntamientos han acumulado un superávit en los bancos pero no podían hacer uso de este remanente de dinero por la legislación sobre estabilidad que se aprobó durante la pasada crisis económica.
El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la propuesta de que presten sus ahorros al Estado y éste se los devolverá en forma de ingresos no financieros para invertirlos en vivienda, sostenibilidad de ciudades… El resultado de esta propuesta son la disponibilidad para los ayuntamientos de 5.000 millones de euros en estos dos años. El resto de los ahorros serían devueltos en un plazo de 10 años a partir de 2022.
Esta propuesta viene a raíz de calmar algunos regidores que estaban en pie de guerra por no poder gastar la totalidad del dinero que tenían ahorrados en el banco y que la legislación les prohibía usarlos.
Por lo tanto, ahora los ayuntamientos pueden dar al Estado aquello que no pueden gastar en este momento de acuerdo a las normas de estabilidad y Hacienda se lo devolvería en forma de ingresos no financieros para invertirlos en servicio público sin acabar en déficit económico.
Esta propuesta del Ministerio de Hacienda prevé que este año los consistorios recibirían el 40%, hasta un máximo de 2.000 millones y en 2021 el 60% restante. Esta propuesta tendría que aprobarse en el Congreso de los Diputados y permitiría gastar esos 5.000 millones, sin peligro de caer en el déficit, en tres áreas concretas: Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible (ofertas de viviendas de alquiler, peatonalización de calles…), sistema de cuidados de proximidad (ayuda a domicilio y teleasistencia…) y en cultura (creación de políticas de apoyos al sector).
Esta propuesta también ayudaría a cubrir, en parte, una de las mayores preocupaciones de los alcaldes: los servicios de transporte. Un elemento que ha sufrido un tremendo agujero económico por los cuatro meses de parón en los que los medios de transporte públicos apenas han recibido ingresos.
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