Nissan ha comunicado al Ministerio de Industria el cierre de su factoría de Barcelona, que genera 3.200 empleos directos y 25.000 indirectos en tres instalaciones de montaje. La planta reabrió tras el confinamiento, pero ha cerrado pocos días después por causa de la huelga indefinida que mantenían los trabajadores de Montcada desde el pasado 4 de mayo ante la pérdida de volumen de trabajo y la incertidumbre sobre su futuro.
Según el Comité de Empresa, la dirección quería abrir únicamente para terminar un pedido antes de que el contrato expirara. Nada más conocer la decisión de cierre, unos 1.000 empleados de la multinacional se han concentrado ante sus puertas.
Pese a que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, les propuso la creación de un equipo de trabajo para “estudiar escenarios alternativos que garanticen la continuidad de la actividad industrial” y presentó un plan de viabilidad en el que se estimaba un coste de 300 millones para adaptar las instalaciones a la producción de un nuevo modelo eléctrico, el CEO de la compañía, Makoto Uchida, ha asegurado en una rueda de prensa desde japón que su intención es ir hasta el final con el cierre. Tan sólo mantienen la factoría de Sunderland, en Reino Unido,
el único centro de producción de vehículos en toda Europa.
En varias ocasiones Nissan había avisado de que la planta de Barcelona era una de sus instalaciones menos competitivas, y lleva más de una década sin inversiones importantes. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que se han ofrecido “todo tipo de apoyos, acompañamientos, ayudas y planes” para intentar evitar el cierre de esta planta, pero que la compañía tiene un plan para “recentrar sus actividades independientemente de lo que los gobiernos europeos puedan ofrecer”. Según los sindicatos, la factoría ha recibido 179 millones de euros en fondos públicos desde el 2009.
La propia Generalitat acordó la inyección de tres millones de euros a cambio de la construcción de una nueva planta de pintura necesaria para continuar operando tras la entrada en vigor de una nueva normativa europea. El Gobierno convocará a la Generalitat de Cataluña, al Ayuntamiento de Barcelona, al Consorcio Zona Franca y a las centrales sindicales para analizar la situación y estudiar “escenarios de futuro”.
La automovilística ha designado a Frank Torres, antiguo director de operaciones de la firma en España, para gestionar las negociaciones que establecerán los plazos y las condiciones del proceso de cierre ahora que ya se ha tomado la decisión, y proceder al desmantelamiento de las instalaciones. La última esperanza a la que se agarraba la plantilla era que para Nissan el coste de cerra la fábrica, que el año pasado produjo 55.000 vehículos, por debajo del 30% de capacidad, fuera mayor que el de seguir activa. El Ministerio de Industria cifraba este coste en unos 1.000 millones de euros.
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