Este jueves se realiza la primera cumbre después del Brexit del 31 de enero. Los 27 miembros de la Unión Europea se reúnen para pactar las cuentas del próximo septenio (2021-2027). El problema mayor es el agujero dejado por el Brexit que amenaza a España.
El punto saliente de la negociación será el agujero presupuestario dejado por el Brexit. Se estima que el boquete provocado por la salida del Reino Unido vale 75.000 millones de euros.
Un socio importante dado que su contribución neta anual rondaba los 8.000 millones de euros.
El problema es que los principales países que contribuyen, liderados por Alemania y Holanda, planean que el agujero del Brexit se cubre a través de los recortes a Política Agrícola Común (PAC) y a los fondos estructurales. Una intención que preocupa sensiblemente a los países perjudicados, entre los que destaca España. Sin embargo, los recortes por sí solos no son suficientes para cubrir el vacío dejado por Reino Unido. Por eso, la Unión Europea reclama además un aumento de las contribuciones de los países miembros.
España se encuentra en una posición delicada. Dado que se trata de la cuarta potencia económica de la UE (tras Alemania, Francia e Italia), por primera vez podría convertirse en un contribuyente neto desde su ingreso en 1986. Tras la salida del Reino Unido, el país ha pasado a ser relativamente más rica dentro de Europa, aunque depende fuertemente de los fondos europeos. De consecuencia, la delegación española liderada por Pedro Sánchez deberá hacer frente a unos riesgo. Entre todos, una factura más abultada y un recorte subsidios agrícolas y de fondos regionales.
De 2014 a 2018, con una media de 2.000 millones de euro anuales, el saldo neto de España fue positivo. La Comisión Europea en su propuesta de mayo de 2018 aseguraba al Gobierno español un saldo neto positivo también durante el próximo período. Confirmando unos fondos estructurales del valor de 56.000 millones de euros y subsidios agrícolas ligeramente inferiores. Sin embargo, el gasto previsto en esta propuesta inicial se ha restringido pasando de 1,13 billones de euros a 1,09 billones de euros. Esas cuentas conllevan un recorte del 14% en los subsidios agrícolas y del 12% en los fondos estructurales en el período 2014-2020. La consecuencia es que no es claro si España vaya a tener el saldo positivo.
Otro problema es si el nuevo marco presupuestario toma como referencia los últimos años en que la renta nacional de España ha crecido notablemente. La renta nacional bruta era de 996.000 millones en 2013. En 2018 es de 1,2 billones. Se espera que Bruselas considere la caída económica que sufrió el país en el período anterior, que no fue computado en su momento.
Además, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, planea introducir nuevas fuentes de financiación. Por ejemplo, una contribución basada en el plástico que sería beneficiosa para España gracias a su elevado porcentaje de reciclaje. Sin embargo, otra propuesta, entre todas, es una tasa aérea que puede penalizar a España aumentando su aportación.
De momento, el presidente del Gobierno español rechazará la propuesta inicial de Europa. Arancha González Laya, ministra de Exteriores, considera que la propuesta es insuficiente para obtener el consenso. Según la ministra, el reparto previsto es injusto y no tiene en cuenta la importancia de la agricultura como “elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica».
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