Se acelera la aprobación de nuevos impuestos por el Gobierno de Sánchez. Hoy en el Consejo de Ministro planea aprobar la tasa Google, sobre los servicios digitales, y el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin. El fin es ayudar a tapar el agujero de la Seguridad Social.
Sin embargo, el cobro de la tasa Google va a ser muy reducido durante el presente año o, incluso, casi nulo.
Ya en 2019 el Ejecutivo de Sánchez presentó dos proyectos de ley sobre la materia de impuestos.
Leyes que no se pudieron aprobar dado que el Congreso tumbó los Presupuestos y se tuvo que adelantar las elecciones. Pero dado que se trata de dos tasas consideradas prioritarias en la agenda política, su aprobación es fundamental en este año. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya aseguró la semana pasada en el Congreso que las leyes están listas y se aprobarán. Dos novedades fiscales que aportarán a las arcas públicas la mayoría de los ingresos, según las estimaciones del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno ha decidido que no se aplicará, por lo tanto no se cobrará, la tasa Google hasta diciembre.
La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, explicó que la tasa Google será parecida a la de Francia. Es decir, en España se adoptará un sistema similar al francés: el pago a cuenta se aplazará a finales de año. El fin es ganar tiempo para ver cómo evoluciona el debate sobre esta cuestión en el ámbito internacional. Especialmente asegurarse si habrá o no movimientos coordinados a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual debería tener lista para finales de año su propuesta de impuesto digital global.
Otra razón es evitar un enfrentamiento con el presidente Donald Trump. Aprobación de las leyes pero sin ningún desembolso para no enfadar a Washington. Estados Unidos es la sede de las principales sociedades de tecnología del mundo y presionó con amenazas de aranceles, es decir nuevas tasas comerciales sobre los automóviles, a los países que quieren gravar a sus tecnológicas.
España se ha mostrado favorable a que sean la OCDE o la UE quienes se hagan cargo del diseño de una tasa digital. Sin embargo, se aclaró que en caso de fracaso de la negociación a nivel mundial, se avanzará a nivel nacional con un impuesto propio.
La tasa Google tiene el objetivo de obligar las grandes plataformas digitales, como Google o Facebook, a tributar en los países donde hacen negocio. En lugar de desviar beneficios a territorios con baja fiscalidad. Un impuesto que recae sobre las grandes sociedades tecnológicas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Con esta tasa se prevé recaudar unos 1.200 millones de euros. Tres son las formas de participación de los usuarios que son decisivas para la creación de valor: los servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.
Por su parte, con la tasa Tobin se pretende recaudar 850 millones de euros. La tasa impone un gravámen del 0,2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas que presentan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Será el intermediario financiero, que ejecute la orden de compra, el encargado de pagar al fisco.
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