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El Barça está en el punto de mira por pagos realizados durante 17 años a José María Enríquez Negreira, ex alto cargo del Comité Técnico de Árbitros.
El conjunto azulgrana desembolsó un total de 7,5 millones de euros en el transcurso de casi dos décadas a Negreira.
Estos pagos, que comenzaron siendo de 70.000 euros, se incrementaron hasta alcanzar los 700.000 euros anuales, cesando solamente cuando Negreira dejó su puesto en el CTA.
También se encuentran imputados Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, ambos expresidentes del Barça, así como Negreira y su hijo.
Esto, por recibir dineros en cumplimiento de su función pública.
De acuerdo con el auto, a Negreira se le atribuye «un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor».
A su hijo Javier Enríquez Romero, uno de «delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario«.
En relación con la entidad jurídica del FC Barcelona y los directivos bajo investigación, se les imputa un delito reiterado de cohecho activo.
El núcleo de la acusación radica en que el Barcelona pudo haber efectuado estos pagos buscando beneficiarse de la influencia de Negreira debido al cargo que ocupaba.
Además, se enfatiza que el delito ya se encuentra consumado con el simple hecho del pago.
«Independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos», como señala el magistrado.
Uno de los puntos clave es la consideración de Negreira y su hijo como «funcionarios públicos».
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que cualquier persona que «participe en el ejercicio de funciones públicas» bajo ciertos criterios es considerada funcionario.
Bajo esta premisa, los pagos hechos al exvicepresidente del CTA se perciben como un intento de influir en alguien con capacidad de decisión en el ámbito arbitral.
La RFEF no es simplemente una entidad deportiva.
Según la interpretación del juez Aguirre, su naturaleza la encuadra dentro de los organismos de derecho público.
Su creación responde a la finalidad de atender necesidades de interés general.
Además, cuenta con una personalidad jurídica diferenciada y, no menos importante, opera bajo la supervisión del Consejo Superior de Deportes, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes.
Más allá de sus actividades profesionales, Negreira ostentaba un papel relevante dentro del CTA, incluyendo decisiones sobre la calificación y trayectoria de árbitros.
Este poder y su relación con la RFEF le otorgaban, a efectos penales, la condición de funcionario público.
Esta perspectiva se acentúa con la revelación de una carta amenazante dirigida al FC Barcelona, donde el propio Negreira insinuaba exponer actos ilícitos en perjuicio del club si cesaban los pagos.
Mientras la sombra de la investigación se cierne sobre Rossell y Bartomeu, Joan Laporta parece estar, por ahora, fuera del alcance judicial en este asunto.
A pesar de que en su primera etapa como presidente del Barça continuaron los pagos a Negreira, los delitos vinculados a dicho periodo ya han prescrito.
Las investigaciones actuales se centran exclusivamente en los movimientos financieros desde 2014 hasta 2019.
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