El juez Juan Carlos Peinado impone multas a abogados por declaraciones a medios.
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Contexto del caso Begoña Gómez
El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha captado la atención mediática y judicial en los últimos meses. La investigación, que comenzó a finales de 2023, ha llevado a la apertura de diversas piezas separadas para abordar las irregularidades en la comunicación de los abogados involucrados.
En este contexto, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido imponer sanciones a los letrados que han violado el deber de sigilo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las sanciones impuestas
El juez ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, por su reiterada conducta de informar a los medios sobre las declaraciones de su defendida.
Además, los abogados de las acusaciones populares, Vox y Hazte Oír, han recibido multas de 500 euros cada uno. Estas sanciones se han dado a conocer tras la declaración de Gómez como investigada el 18 de diciembre de 2023, donde se evidenció que los letrados habían transmitido información a la prensa, contraviniendo el artículo 301 de la ley mencionada.
La justificación del juez
En su auto, el juez Peinado critica la actitud de los abogados, quienes, a pesar de haber sido advertidos sobre la importancia del deber de sigilo, continuaron comunicando detalles de las diligencias judiciales. El juez señala que esta conducta no solo infringe la ley, sino que también socava la integridad del proceso judicial. Al revisar las grabaciones de los medios, se constató que solo el abogado de Gómez había expuesto información sobre la declaración de su cliente, lo que llevó a la decisión de sancionarlo. Peinado argumenta que la exteriorización de lo acontecido es precisamente lo que el legislador busca evitar, y por ello considera necesarias las multas impuestas.
Implicaciones para el ejercicio de la abogacía
Este caso plantea importantes interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los abogados en el manejo de información sensible. La decisión del juez Peinado subraya la necesidad de que los letrados respeten el deber de sigilo, no solo por las sanciones que pueden enfrentar, sino también por el impacto que sus acciones pueden tener en la percepción pública del sistema judicial. La imposición de multas en este caso podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las comunicaciones en casos de alto perfil, resaltando la importancia de la confidencialidad en el ejercicio de la abogacía.
