La nueva ley busca aliviar la saturación en Canarias y garantizar derechos a los menores.
Temas cubiertos
El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo en la gestión de la crisis migratoria en España al aprobar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta medida, que se ha debatido intensamente durante 19 meses, permitirá la distribución obligatoria de menores inmigrantes entre comunidades autónomas en situaciones de saturación.
La decisión se ha tomado en un contexto donde las Islas Canarias enfrentan una crisis migratoria sin precedentes, con miles de menores que llegan sin la protección adecuada.
Detalles de la nueva legislación
La modificación legislativa, respaldada por 179 votos a favor y con la oposición del Partido Popular y Vox, establece que aproximadamente 4.000 niños y adolescentes que han llegado a Canarias en condiciones precarias serán trasladados a otras comunidades autónomas.
Esta medida es especialmente relevante dado el aumento de la llegada de inmigrantes a través de la ruta atlántica, que ha puesto a Canarias en el centro de la crisis migratoria. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que esta acción no solo es necesaria, sino que también responde a una demanda histórica por parte de diversas comunidades que han mostrado su disposición a acoger a estos menores.
La aprobación de esta ley ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras que algunos partidos han aplaudido la medida como un avance hacia la solidaridad y la protección de derechos, otros han expresado su rechazo, argumentando que podría incentivar la llegada de más inmigrantes. La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha manifestado su oposición, sugiriendo que el reparto de menores podría alentar a las mafias de tráfico humano. Sin embargo, desde el Gobierno se ha defendido que los adolescentes inmigrantes son una oportunidad y no un problema, destacando la importancia de abordar la inmigración desde una perspectiva humanitaria.
El futuro de la gestión migratoria en España
La nueva legislación no solo busca aliviar la presión sobre Canarias, sino que también establece un marco para futuras crisis migratorias en otras comunidades autónomas, como Andalucía o la Comunidad Valenciana. A medida que la situación migratoria evoluciona, es crucial que el Gobierno y las comunidades trabajen juntos para garantizar que los derechos de los menores sean protegidos y que se les brinde el apoyo necesario. La solidaridad interterritorial será fundamental para enfrentar los desafíos que presenta la migración en el contexto actual.
