Jennifer Vasquez exige el regreso de su esposo deportado por error administrativo.
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Un error que no se puede ignorar
La historia de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado por error, ha puesto de manifiesto las fallas del sistema de inmigración estadounidense. Desde su deportación el 15 de marzo, su esposa, Jennifer Vasquez, ha estado luchando incansablemente para que su marido regrese a casa.
La administración Trump, a pesar de reconocer que se cometió un error administrativo, ha mostrado resistencia a corregir esta situación. Abrego García, quien ha vivido en Maryland desde 2011, es un padre y esposo que no tiene antecedentes penales y que había obtenido un estatus de protección tras huir de la violencia en su país natal.
La batalla legal y sus implicaciones
La juez Paula Xinis, quien ha estado a cargo del caso, calificó la deportación de Abrego García como “totalmente ilegal” y un “shock a la conciencia”. A pesar de la falta de pruebas que lo vinculen con la banda MS-13, la administración Trump ha mantenido su postura de que Abrego García es un miembro de esta organización criminal. Este argumento ha sido desestimado por la juez, quien subrayó que no existe justificación alguna para su deportación. La situación ha escalado a un conflicto legal que involucra al Tribunal Supremo, que ahora debe decidir si la administración debe cumplir con la orden de traer de vuelta a Abrego García desde El Salvador.
Las consecuencias de una deportación errónea
El caso de Kilmar Abrego García no solo afecta a su familia, sino que también plantea preguntas sobre la autoridad judicial en asuntos de inmigración y relaciones exteriores. El procurador general John Sauer argumentó que la intervención de la juez Xinis podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que otros tribunales de distrito interfieran en la diplomacia estadounidense. La administración ha insistido en que la deportación fue un error, pero su negativa a rectificarlo ha dejado a la familia Abrego Vasquez en una situación de incertidumbre y angustia. La suspensión del fiscal Erez Reuveni, quien admitió que la deportación no debió haber ocurrido, resalta aún más la gravedad de este error administrativo y sus repercusiones en el sistema de justicia.
