El grupo Prisa enfrenta un conflicto interno tras el anuncio de una ampliación de capital de 40 millones de euros.
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El anuncio de la ampliación de capital
El grupo Prisa, un conglomerado empresarial español, ha hecho un anuncio significativo que ha escalado las tensiones internas dentro de la empresa. En una reciente comunicación, se informó sobre el lanzamiento de una ampliación de capital destinada a captar 40 millones de euros mediante la emisión de hasta 108 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 0,10 euros cada una.
Este movimiento, que representa aproximadamente el 9,95% del capital social actual, ha sido impulsado por el máximo accionista, el fondo Amber Capital, dirigido por Joseph Oughourlian.
Condiciones de la ampliación de capital
La ampliación de capital de Prisa está sujeta a dos condiciones clave.
La primera de ellas está relacionada con la refinanciación de la deuda financiera sindicada del grupo. Según la compañía, el aumento de capital se configura como un nuevo instrumento para reducir esta deuda, que asciende a 40 millones de euros. Esta cancelación de deuda es una condición suspensiva para formalizar la nueva refinanciación, exigida por el fondo Pimco.
La segunda condición es que la ampliación de capital se dirija exclusivamente a inversores externos, lo que significa que los actuales accionistas no tendrán la opción de participar en esta operación. La entidad encargada de la colocación de las nuevas acciones será JB Capital Markets, presidida por Javier Botín, lo que diluye aún más el peso de los accionistas actuales en la estructura del capital de Prisa.
Reacciones y posibles litigios
La decisión de Oughourlian ha intensificado el conflicto interno en Prisa, donde un grupo de empresarios españoles que posee el 17% del capital está dispuesto a luchar contra el principal accionista. Este grupo incluye a figuras destacadas como Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor y Diego Prieto, quienes han votado en contra de la decisión del consejo de administración y están preparando acciones legales en respuesta a lo que consideran una falta de transparencia en el proceso.
Fuentes cercanas a estos accionistas han denunciado que la ampliación de capital fue presentada minutos antes de la reunión del consejo, lo que ha generado un clima de desconfianza y ha llevado a la preparación de una serie de recusaciones y litigios ante organismos reguladores y tribunales. Este conflicto, que inicialmente se percibía como una disputa empresarial y política, ha evolucionado hacia un enfrentamiento legal que podría tener repercusiones significativas para el futuro del grupo Prisa.
