El impacto de las políticas de la administración Trump en la libertad académica
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La influencia del poder político en la educación superior en EE. UU.
En un contexto donde la libertad académica se encuentra bajo amenaza, la Universidad de Columbia en Nueva York ha tomado decisiones que reflejan la presión ejercida por la administración Trump.
Este viernes, la institución aceptó modificar sus normas de manifestaciones y protestas, así como la regulación de los estudios en áreas consideradas sensibles, como Oriente Medio, sur de Asia y África. Este cambio se produce en un momento crítico, donde el gobierno federal había cancelado 400 millones de dólares en fondos, condicionando su restauración a la implementación de estas imposiciones.
La rendición de una institución emblemática
La decisión de Columbia, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ha sido interpretada como una rendición ante el acoso político. Instituciones como Harvard, la Universidad de Pensilvania y Stanford también enfrentan situaciones similares, donde se ven obligadas a elegir entre la libertad de pensamiento y la financiación gubernamental. Este tipo de chantaje pone en riesgo la esencia misma de la educación superior, que debería ser un espacio para el debate y la diversidad de ideas.
Consecuencias para la investigación y la libertad de expresión
Las nuevas regulaciones han llevado al cierre de programas de investigación en áreas críticas, como la inteligencia artificial y el cáncer, y han resultado en el despido de numerosos investigadores. Este clima de censura se intensificó tras las protestas estudiantiles pro Palestina de la primavera pasada, donde se denunciaron actos de antisemitismo y se generó un ambiente de inseguridad para algunos grupos. La detención de Mahmoud Khalil, portavoz de los estudiantes, es un ejemplo claro de cómo se está restringiendo la libertad de expresión en el campus.
Implicaciones de las nuevas medidas
Entre las concesiones aceptadas por Columbia se encuentra la creación de una fuerza de choque compuesta por 36 “agentes especiales” con la capacidad de expulsar a personas del campus. Además, se impone la figura de un vicerrector que actuará como censor, supervisando los estudios que se consideran potencialmente subversivos. Esta figura, que puede prolongar su mandato indefinidamente, representa un grave riesgo para la autonomía académica y la libertad de investigación.
La presidenta interina de Columbia, Katrina A. Armstrong, justificó estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, esta justificación ha sido criticada por muchos que ven en ella una clara señal de sumisión política, similar a las prácticas de regímenes autoritarios. La situación actual plantea serias preguntas sobre el futuro de la educación superior en Estados Unidos y la capacidad de las universidades para resistir la presión política.
