La Casa Real chilena actúa ante la difusión ilegal de imágenes privadas.
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La denuncia de la Casa Real chilena
La Casa Real ha tomado medidas enérgicas tras la difusión ilegal de fotografías de la princesa Leonor, que fueron capturadas durante una actividad privada en un centro comercial de Punta Arenas, Chile. Según fuentes del Palacio de la Zarzuela, estas imágenes fueron obtenidas de manera contraria a la normativa vigente tanto en Chile como en España.
La Casa Real ha calificado esta acción como una infracción grave de la normativa de protección de datos.
Detalles de la situación
Las imágenes en cuestión muestran a la heredera al trono entrando y caminando dentro del centro comercial, vestida con ropa de abrigo.
Se ha confirmado que las fotografías fueron tomadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que implica que algunos responsables de la seguridad facilitaron el acceso a los medios de comunicación que publicaron las imágenes. Esta conducta ha sido considerada inadmisible por las autoridades, quienes han decidido presentar una denuncia formal ante los Carabineros de Chile.
El contexto del viaje de la princesa Leonor
La princesa de Asturias se encuentra actualmente en un crucero de formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Este martes, el barco llegó a Punta Arenas tras haber hecho escalas en Salvador de Bahía y Montevideo. Durante las paradas en puerto, es habitual que los guardiamarinas, incluidos los que viajan con la princesa, disfruten de tiempo libre y participen en actividades culturales y militares organizadas en tierra. Fue durante este tiempo libre que la princesa fue fotografiada en el centro comercial, donde se interesó por la preparación del mate, una bebida tradicional en la región.
La importancia de la protección de datos
La Casa Real ha enfatizado la necesidad de respetar la privacidad de los individuos, especialmente cuando se trata de figuras públicas como la princesa Leonor. La obtención y difusión de imágenes sin consentimiento no solo infringe la normativa de protección de datos, sino que también plantea serias cuestiones éticas sobre el respeto a la vida privada. Las autoridades han subrayado que no se puede permitir que la curiosidad pública justifique la violación de derechos fundamentales.
