La exconsellera Salomé Pradas y otros altos cargos citados a declarar en abril
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Contexto de la investigación
La gestión de la Dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre ha llevado a la apertura de una investigación judicial en Catarroja. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ha decidido citar a declarar a varios altos funcionarios, entre ellos la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de dicho departamento, Emilio Argüeso.
Esta decisión se ha tomado en el marco de una serie de diligencias que buscan esclarecer la actuación de los responsables durante la crisis provocada por el fenómeno meteorológico.
Citaciones y declaraciones programadas
Las citaciones están programadas para el próximo 11 de abril, donde Pradas y Argüeso deberán comparecer como investigados.
Además, el 14 de abril se espera la declaración de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Posteriormente, el 29 de abril, se tomarán declaraciones a dos técnicos involucrados en la gestión de la emergencia. Estas comparecencias son cruciales para entender el alcance de las decisiones tomadas durante la crisis y la respuesta de las autoridades ante la situación.
Decisiones judiciales sobre solicitudes de información
En el transcurso de la investigación, la magistrada ha desestimado una solicitud de la acusación popular, representada por Acció Cultural del País Valencià, que pedía información sobre los vehículos oficiales utilizados por el presidente de la Generalitat y sus escoltas durante el periodo crítico. La magistrada argumenta que, debido a la condición de aforado del presidente, no es posible llevar a cabo diligencias de investigación sobre su actuación en este caso. Esta decisión ha generado debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de emergencias.
Implicaciones de la investigación
La investigación no solo se centra en la gestión de la Dana, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en situaciones de crisis. La negativa a acceder a ciertas diligencias, especialmente en relación con la entonces consellera de Emergencias y su secretario autonómico, ha suscitado críticas sobre la falta de claridad en la toma de decisiones. La magistrada ha indicado que no hay evidencia suficiente para considerar que estos funcionarios no participaron en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) o que lo hicieran con retraso.
Grabaciones y pruebas adicionales
Otro aspecto relevante de la investigación es la posible existencia de grabaciones de audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre. La magistrada ha señalado que serán los participantes de la reunión quienes deberán manifestar si poseen dicho material y si están dispuestos a presentarlo como prueba en el proceso. Este punto es fundamental para determinar la veracidad de las acciones y decisiones tomadas durante la emergencia.
