El exfutbolista es citado a declarar por su implicación en la operación con Arabia Saudí.
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La citación de Piqué ante el Juzgado de Instrucción
La investigación sobre el caso de la Supercopa de España avanza y ha llevado a que Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona, sea citado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda.
La fecha de su declaración está programada para el 14 de marzo, donde se le interrogará como investigado en relación a su papel en la operación que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí.
Piqué actuó como intermediario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en este acuerdo, por el cual recibió una comisión de cuatro millones de euros.
La jueza Delia Rodrigo ha encontrado indicios de actividad delictiva, lo que llevó a su imputación el pasado mes de mayo.
Detalles del acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí
La magistrada ha señalado que el acuerdo firmado entre la RFEF, bajo la presidencia de Luis Rubiales, y las autoridades saudíes para la celebración de la Supercopa en el país árabe, es el centro de la investigación. Es importante destacar que en el momento de la firma del contrato, Piqué aún era jugador activo del FC Barcelona, que participó en la competición.
En diciembre de 2020, se firmaron adendas que prorrogaban el acuerdo por cuatro años más, manteniendo una prima de éxito para el comisionista, identificado como un ‘tercer agente’. Este documento fue firmado por Rubiales, las autoridades saudíes y Piqué, quien actuó como representante de su empresa, Kosmos.
Implicaciones financieras del acuerdo
La jueza ha indicado que, si se cumple el acuerdo hasta su término, la RFEF podría generar ingresos de hasta 400 millones de euros, mientras que la empresa de Piqué, Kosmos, recibiría 40 millones. Este aspecto financiero es crucial en la investigación, ya que pone de relieve la magnitud del acuerdo y las posibles irregularidades en la gestión de los contratos.
Además, la magistrada ha puesto énfasis en una cláusula considerada «esencial» que garantizaba el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales a Kosmos, a pesar de que esta empresa sería formalmente la comisionista de SELA, la empresa pública saudí. Este detalle ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones realizadas.
