El Gobierno español implementa medidas para proteger a los consumidores de llamadas no deseadas.
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La nueva normativa de llamadas comerciales
A partir de febrero, todas las llamadas comerciales en España deberán realizarse desde números con prefijos 800 o 900. Esta decisión del Gobierno busca poner fin a la práctica común de realizar llamadas desde móviles a cualquier hora, una situación que ha generado malestar entre los consumidores.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para regular las comunicaciones comerciales y proteger a los ciudadanos de prácticas abusivas.
Prohibición de llamadas desde móviles
La nueva regulación establece que queda terminantemente prohibido realizar llamadas comerciales desde números que no sean 800, 900 o que comiencen con un prefijo provincial español. Esto significa que los consumidores no recibirán más llamadas comerciales desde móviles, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas se comunican con sus clientes. Esta medida se implementará a través de una orden ministerial que se espera entre en vigor a finales de este mes.
Denuncias y sanciones por incumplimiento
El Gobierno también ha anunciado que los consumidores podrán denunciar las malas prácticas ante la oficina de atención al consumidor de las telecomunicaciones. Se prevén sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la nueva normativa. López ha enfatizado la importancia de actuar contra estas prácticas, destacando que España está avanzando en la regulación de las telecomunicaciones a nivel europeo y global. Además, la normativa busca combatir las ciberestafas, un problema creciente en el ámbito digital.
Medidas adicionales contra el fraude
La regulación no solo se limita a las llamadas comerciales. También se implementarán medidas para bloquear llamadas que utilicen números no asignados a ningún servicio o cliente. Los operadores de telecomunicaciones tendrán la responsabilidad de vetar llamadas y SMS que, aunque tengan numeración nacional, tengan origen internacional, una de las principales fuentes de fraude. Asimismo, se creará una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que incluirá a los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes. Los mensajes de entidades no registradas en esta base de datos serán bloqueados, lo que añade una capa adicional de protección para los consumidores.