La nueva normativa prohíbe vivir en autocaravanas y establece multas severas.
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Una nueva normativa en Palma
El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado recientemente una nueva ordenanza municipal que ha generado un intenso debate en la ciudad. Con el apoyo del Partido Popular (PP) y Vox, y la oposición de otros grupos políticos, esta normativa incluye medidas que prohíben vivir en autocaravanas, imponiendo multas que pueden alcanzar hasta 1.500 euros.
Esta decisión ha sido calificada por algunos portavoces de la oposición como represiva y antidemocrática, argumentando que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad.
Medidas controvertidas y sus implicaciones
La ordenanza establece que pernoctar en autocaravanas en Palma solo será permitido en áreas habilitadas, con sanciones que varían entre 750 y 1.500 euros.
Además, se exige a los usuarios de patinetes eléctricos contratar un seguro de responsabilidad civil, usar casco y chaleco reflectante, y se considera una infracción muy grave realizar pintadas, con multas de hasta 3.000 euros. Estas medidas han suscitado críticas por su potencial impacto en la convivencia y en la vida de quienes utilizan autocaravanas como su hogar.
Reacciones de la comunidad y expertos
El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets, defendió la necesidad de esta ordenanza como un medio para erradicar conductas que atentan contra la convivencia. Sin embargo, Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas de España, ha denunciado que esta normativa es anticonstitucional y vulnera el derecho a una vivienda digna. Gallardo argumenta que muchas familias se ven obligadas a vivir en autocaravanas debido a la falta de opciones de vivienda asequibles, y que la nueva ordenanza solo agrava su situación.
La situación de las personas que viven en autocaravanas en Palma plantea un dilema social significativo. Según Gallardo, la normativa busca ocultar la pobreza en la isla, donde más de 500 personas duermen en soportales. La prohibición de vivir en autocaravanas podría llevar a estas familias a situaciones aún más precarias. La discusión sobre esta ordenanza no solo se centra en la legalidad de las medidas, sino también en la responsabilidad social de la administración local frente a la creciente crisis de vivienda en la región.
