El Govern y los Comuns acuerdan multas de hasta 900.000 euros por abusos en alquileres.
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Un acuerdo histórico en el Parlament de Catalunya
El reciente acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el grupo parlamentario de los Comuns marca un hito en la regulación del mercado de alquiler en Cataluña. Este pacto permitirá imponer sanciones significativas a los propietarios que alquilen sus viviendas por un precio que supere en más de un 30% el establecido por el Índice de Precios de Referencia.
La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, ha destacado la importancia de esta medida, que busca proteger a los inquilinos de abusos en un mercado cada vez más tensionado.
Detalles del régimen sancionador
El nuevo régimen sancionador, que ha sido calificado como “robusto” por los Comuns, introduce tres tipos de infracciones consideradas muy graves.
La primera de ellas se refiere a la fijación de precios de alquiler que excedan el límite establecido. La segunda sanción se aplicará a aquellos propietarios que no especifiquen la finalidad del arrendamiento en el contrato o que lo hagan de manera fraudulenta. Por último, se sancionará a quienes carguen los gastos de gestión del contrato al inquilino en lugar de asumirlos como propietarios.
Un paso necesario pero tardío
A pesar de la celebración del acuerdo, Albiach ha manifestado que estas sanciones llegan tarde, ya que se acerca el primer aniversario de la limitación de precios de alquiler. La preocupación radica en que, durante este tiempo, muchos inquilinos han sufrido abusos sin que se hayan tomado medidas efectivas. La falta de control en el mercado de alquiler ha llevado a un aumento de la precariedad habitacional, lo que hace que este acuerdo sea aún más relevante en el contexto actual.
Implicaciones para el futuro del alquiler en Cataluña
Este acuerdo no solo representa un avance en la regulación del alquiler, sino que también establece un precedente para futuras políticas de vivienda en Cataluña. La colaboración entre el Govern y los Comuns podría abrir la puerta a nuevas iniciativas que busquen garantizar el derecho a la vivienda digna. A medida que se implementen estas sanciones, será crucial monitorear su efectividad y el impacto que tendrán en el comportamiento de los propietarios y en la situación de los inquilinos.
