El juez Ángel Hurtado solicita información sobre el uso de dispositivos móviles en la Fiscalía.
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Contexto de la investigación
El juez instructor Ángel Hurtado ha iniciado una investigación que pone en el centro de la atención al fiscal general Álvaro García Ortiz. Esta indagación surge tras la sospecha de que García Ortiz podría estar involucrado en la filtración de documentos sensibles relacionados con un caso de fraude que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La situación ha generado un gran revuelo mediático y político, dado el alto perfil de los implicados.
Solicitudes del juez a la Fiscalía
Para esclarecer los hechos, el juez Hurtado ha solicitado a la Fiscalía General del Estado una copia de la normativa interna que regula el uso de dispositivos móviles y correos electrónicos.
Esta normativa es crucial, ya que se basa en ella la justificación del cambio de teléfono de García Ortiz, realizado una semana después de ser imputado por el Tribunal Supremo. Además, el instructor ha pedido aclaraciones sobre si los dispositivos utilizados por el fiscal general fueron formateados y ha requerido la entrega de teléfonos que García Ortiz haya entregado a la institución desde el 7 de marzo del año pasado.
Filtraciones y documentos comprometidos
La investigación se centra en determinar si el fiscal general está detrás de la filtración de varios documentos, incluyendo una denuncia de la Fiscalía contra González Amador por un fraude que supera los 350.000 euros. Esta denuncia fue filtrada en la madrugada del 12 de marzo de 2024. También se investiga el intercambio de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, donde se reconocía la culpabilidad del cliente y se ofrecía un acuerdo de conformidad. Estos correos fueron publicados en la noche del 13 de marzo, lo que ha levantado sospechas sobre la posible implicación de García Ortiz en las filtraciones.
Acciones adicionales del juez
Ante la falta de pruebas en el teléfono del fiscal general, donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró «cero mensajes» en las fechas relevantes, el juez ha ordenado nuevas diligencias. Estas incluyen la solicitud de un listado de llamadas realizadas por García Ortiz durante el periodo en cuestión, así como una comisión rogatoria a Google y WhatsApp para obtener información relevante. Además, se ha solicitado a la UCO que intente recuperar mensajes borrados del dispositivo intervenido.
Normativa interna y protocolos de uso
Finalmente, el juez Hurtado ha requerido al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal que aporte copias de los protocolos o normativa interna relacionada con el uso de teléfonos móviles y correos electrónicos por parte de los miembros del Ministerio Fiscal. También se ha pedido información sobre las ocasiones en que el fiscal general ha cambiado de móvil, así como los datos de cada terminal y los dispositivos entregados desde el 7 de marzo de 2024. Esta información es vital para entender el contexto de las filtraciones y la responsabilidad de García Ortiz en este escándalo.
