El empresario pide aplazar su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Contexto del caso de Alberto González Amador
Alberto González Amador, conocido por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un escándalo que involucra acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental.
Desde hace casi un año, González Amador ha sido objeto de una investigación que ha captado la atención de los medios y del público, no solo por su vínculo político, sino también por la gravedad de las acusaciones que enfrenta.
Solicitud de suspensión de declaración
El empresario ha solicitado nuevamente la suspensión de su declaración, programada para el 7 de febrero, argumentando que tiene un viaje profesional a Estados Unidos en esa fecha. Esta solicitud ha sido presentada ante el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, donde su defensa ha criticado duramente al fiscal encargado del caso, sugiriendo que su cambio de posición podría estar relacionado con el avance de una causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general.
Implicaciones políticas y legales
Las declaraciones de González Amador han añadido una capa de complejidad al caso, ya que ha señalado que el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, utilizó las revelaciones sobre su situación para fines políticos antes de que se iniciara cualquier procedimiento formal. Esto ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en la política madrileña, así como sobre el papel de la fiscalía en este tipo de casos. A pesar de estar bajo investigación, ni él ni otros imputados han declarado ante la magistrada, lo que ha llevado a la Fiscalía a expresar su preocupación por el avance de la instrucción.
Defensa y derechos del acusado
González Amador ha manifestado su preocupación por la indefensión que siente debido a la ampliación de la investigación en su contra. En su escrito, argumenta que no se le está tratando como un ciudadano común y que cualquier interrogatorio antes de que la Audiencia Provincial se pronuncie podría violar sus derechos. La situación ha puesto de relieve la tensión entre la justicia y los derechos de los acusados, especialmente en casos que involucran figuras públicas.
