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Controversia por la eliminación del teletrabajo en la Generalitat de Cataluña

Más de 200 altos cargos piden la revocación de la instrucción que elimina el teletrabajo.

Controversia sobre el teletrabajo en la Generalitat de Cataluña
La polémica decisión de la Generalitat sobre el teletrabajo en Cataluña genera debate.

Un manifiesto en defensa del teletrabajo

Más de 200 altos cargos de la Generalitat de Cataluña han firmado un manifiesto en el que solicitan la revocación de una reciente instrucción que elimina el teletrabajo para subdirectores generales y puestos asimilados.

Este documento, que ha sido entregado al Govern, refleja el descontento de los firmantes, quienes han estado teletrabajando durante los últimos cuatro años, especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

La instrucción, publicada el 7 de enero, establece un plazo de 15 días para que las secretarías generales anulen las autorizaciones de teletrabajo.

La Generalitat argumenta que el teletrabajo es “difícilmente compatible” con las responsabilidades de estos cargos, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los altos funcionarios.

Argumentos a favor del teletrabajo

Los firmantes del manifiesto critican la decisión de eliminar el teletrabajo, señalando que se ha tomado sin evidencias ni datos que respalden tal medida. Argumentan que la presencialidad es un modelo obsoleto, propio del siglo XIX, y que el teletrabajo les permite estar conectados de manera continua, facilitando la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Además, advierten que la eliminación del teletrabajo dificultará la conciliación laboral y personal, lo que podría afectar negativamente la captación de talento en la administración pública. La falta de flexibilidad en el trabajo podría llevar a una disminución en la calidad de vida de los empleados, lo que a su vez podría repercutir en la eficacia de las políticas públicas.

Cuestionamientos sobre la legalidad de la medida

El manifiesto también plantea dudas sobre la legalidad de la instrucción, ya que fue aprobada mediante un decreto. Los altos cargos exigen que cualquier cambio en esta política se realice también a través de un decreto, y no mediante una simple instrucción. Piden una evaluación independiente y rigurosa que analice el impacto del teletrabajo en la administración pública.

La instrucción destaca el “alto grado de responsabilidad estratégica” de los puestos afectados, subrayando que estos tienen un “impacto directo en la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas”. Sin embargo, los firmantes consideran que esto no justifica la eliminación del teletrabajo, y que es necesario encontrar un equilibrio que permita la flexibilidad laboral sin comprometer la calidad del servicio público.

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