La presidenta Ayuso recurre al Tribunal Constitucional tras la decisión del gobierno central.
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El choque entre administraciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido llevar su conflicto con el gobierno central al Tribunal Constitucional. Esta decisión surge tras la declaración de la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria democrática, un acto que recuerda las torturas y persecuciones políticas durante la dictadura franquista.
La controversia se intensificó cuando el Consejo de Ministros rechazó las alegaciones presentadas por el gobierno regional contra la colocación de una placa conmemorativa en este emblemático edificio.
Las alegaciones de la Comunidad de Madrid
Desde octubre, el gobierno de Ayuso ha argumentado que la etapa de torturas de la Dirección General de Seguridad (DGS) representa solo un 15% de la historia de la Real Casa de Correos.
Según su perspectiva, la colocación de la placa afectaría el uso administrativo del edificio y vulneraría las competencias autonómicas. Además, han criticado la falta de lealtad institucional del Estado, que no comunicó su decisión antes de hacerla pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La respuesta del gobierno central
Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez defiende que no existe colisión entre las acciones de memoria histórica y el ejercicio de competencias autonómicas. Argumentan que la colocación de la placa no interfiere con el funcionamiento diario de la administración regional y que la ley permite declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural. Esta postura ha generado un nuevo frente en la polarizada política madrileña, donde ambos líderes se enfrentan en múltiples escenarios.
El conflicto no solo refleja la tensión entre Ayuso y Sánchez, sino que también pone de manifiesto la división política en España. La presidenta ha denunciado una supuesta operación de Estado en su contra, mientras que el gobierno central sostiene que su actuación busca reconocer y rescatar del olvido a las víctimas de la dictadura. Este choque de narrativas sobre la memoria histórica podría tener repercusiones significativas en la opinión pública y en el futuro político de ambos líderes.
