El Tribunal Supremo investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos en un caso de fraude fiscal.
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Contexto de la investigación
La figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de una controversia tras la apertura de una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. Esta situación se origina a raíz de la filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La investigación ha sido impulsada por el Tribunal Supremo, que ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar un análisis exhaustivo de los dispositivos móviles y la documentación del fiscal general.
Detalles de la investigación
El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la causa, ha solicitado que se investigue si García Ortiz utilizó otros números de teléfono que no fueron analizados en la noche en que se revelaron los datos sobre González Amador. Según el informe presentado por los investigadores, se concluyó que el fiscal general no tenía mensajes guardados relacionados con la pareja de la presidenta, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia de sus comunicaciones. Fuentes cercanas a la Fiscalía han indicado que García Ortiz borra periódicamente los mensajes de su teléfono por razones de protección de datos.
Implicaciones legales y políticas
La situación se complica aún más al considerar que el fiscal general es el responsable de emitir una nota de prensa que detallaba los contactos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Este abogado había propuesto un pacto para admitir los hechos relacionados con un fraude fiscal. La decisión del magistrado de registrar el despacho de García Ortiz y analizar su contenido ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de las acciones del fiscal general. La UCO ha entregado un informe que indica que no se encontraron mensajes en aplicaciones de mensajería instantánea ni correos electrónicos relacionados con el caso, lo que ha suscitado más interrogantes sobre la gestión de la información por parte de García Ortiz.
Próximos pasos en la investigación
El magistrado Hurtado ha solicitado a la Guardia Civil que le proporcione información adicional sobre los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados a los dispositivos móviles que fueron objeto de registro. Esta solicitud es crucial para determinar si existen más evidencias que puedan implicar al fiscal general en la revelación de secretos. La investigación continúa y se espera que se tomen decisiones importantes en los próximos días, lo que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito legal como en el político.
