La posible modificación de la normativa urbanística podría afectar miles de viviendas protegidas.
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La situación actual de la vivienda protegida en Barcelona
Barcelona enfrenta un desafío significativo en su política de vivienda, especialmente en lo que respecta a la protección de hogares en los barrios más vulnerables. Según un reciente estudio del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra), la ciudad podría perder la oportunidad de generar hasta 18.827 viviendas adicionales de protección oficial si el Ayuntamiento decide modificar la normativa que exige a los promotores dedicar un 30% de sus nuevos proyectos a vivienda social.
Esta medida ha sido considerada un pilar fundamental en la lucha contra la especulación inmobiliaria.
Consecuencias de una posible modificación
El informe destaca que, si se realizan cambios en la normativa, los 62.756 hogares actualmente protegidos quedarían expuestos a operaciones de compra y rehabilitación que podrían resultar en la expulsión de sus inquilinos.
La preocupación radica en que la concentración de vivienda protegida en áreas periféricas podría fragmentar la cohesión social y urbanística de la ciudad, creando un entorno desigual y segregado.
Propuestas para el futuro
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado su intención de presentar en 2025 una propuesta de remodelación de la normativa urbanística. Sin embargo, el estudio sugiere que lo más prudente sería mantener la medida actual sin modificaciones y evaluar su impacto a largo plazo. Se menciona el ejemplo de París, donde una normativa similar ha sido implementada con éxito durante 18 años. Además, se proponen mejoras en la seguridad jurídica y el control del fraude, así como la ampliación de la normativa a zonas con déficit de vivienda asequible.
La vivienda social no solo es un derecho fundamental, sino que también juega un papel crucial en la estabilidad social y económica de una ciudad. La protección de estos hogares es esencial para garantizar que las comunidades más vulnerables no sean desplazadas por la especulación inmobiliaria. La normativa actual ha demostrado ser un mecanismo efectivo para contener esta problemática, y su modificación podría tener repercusiones devastadoras para miles de familias en Barcelona.
