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El reciente archivo de la causa contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha generado un amplio debate en la opinión pública. La denuncia presentada por Aída Nízar, que alegaba haber sido víctima de agresión sexual en 2015, ha sido desestimada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona.
Este caso ha puesto de relieve no solo la complejidad del sistema judicial español, sino también la importancia de la prescripción de los delitos en el ámbito de la justicia penal.
Aída Nízar interpuso su denuncia el 29 de octubre de 2024, relatando un incidente que supuestamente ocurrió el 24 de mayo de 2015.
Aunque inicialmente mencionó que el hecho tuvo lugar en Madrid, posteriormente corrigió su declaración, indicando que ocurrió en Barcelona. El juzgado, tras analizar la situación, determinó que el delito de abuso sexual había prescrito, dado que han transcurrido más de nueve años desde la fecha del supuesto delito, superando el límite de cinco años establecido por la ley vigente en ese momento.
La decisión del juzgado de archivar la causa ha suscitado reacciones diversas en la sociedad. Por un lado, se destaca la importancia de la prescripción como un mecanismo legal que protege los derechos de los acusados. Sin embargo, también se plantea la cuestión de si este principio puede afectar la justicia para las víctimas de agresiones sexuales, quienes a menudo enfrentan múltiples obstáculos para denunciar. En este contexto, el caso de Íñigo Errejón no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón más amplio de cómo se manejan las denuncias de agresión sexual en España.
A pesar del archivo de la causa en Barcelona, Íñigo Errejón sigue siendo objeto de investigación en otro caso relacionado con una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. Este segundo caso está siendo tratado por un juzgado madrileño, donde Errejón está citado a declarar el próximo 16 de enero. La continuidad de estas investigaciones pone de manifiesto la relevancia de la figura pública de Errejón y las implicaciones que sus acciones pueden tener en su carrera política y en la percepción pública de la justicia en casos de agresión sexual.
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