Un escándalo que sacude los cimientos del gobierno español.
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El 12 de marzo de 2023, una noticia publicada por ElDiario.es reveló que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba siendo investigado por fraude fiscal.
Esta revelación marcó el inicio de una serie de eventos que han puesto en jaque a la Fiscalía General del Estado y podrían tener repercusiones en el gobierno de Pedro Sánchez. La investigación se centra en la posible utilización de empresas tapadera para evadir impuestos, lo que ha generado un intenso debate mediático y político.
Tras la publicación inicial, otros medios como El Mundo y La Sexta comenzaron a informar sobre un supuesto pacto entre la fiscalía y González Amador. Sin embargo, la versión oficial de la fiscalía contradice estas afirmaciones, alegando que fue el abogado del empresario quien propuso un acuerdo. Esta discrepancia ha llevado a una serie de acusaciones y defensas públicas, donde la fiscalía ha intentado desmentir lo que consideran un bulo.
Una semana después de que se destapara el escándalo, un juzgado abrió diligencias contra González Amador, quien, en un giro inesperado, decidió denunciar a la fiscalía por la nota de prensa emitida. Este acto ha sido respaldado por el Colegio de Abogados de Madrid, que se ha presentado como acusación popular. A medida que la investigación avanza, se ha revelado que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, expresó su desacuerdo con la publicación de la nota, lo que ha llevado a la apertura de una investigación sobre la posible revelación de secretos.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de esta tormenta. La investigación ha señalado su posible implicación en la filtración de información privada relacionada con el caso. En un hecho sin precedentes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido enviada a clonar los dispositivos de García Ortiz para determinar si él o algún miembro de su equipo filtró información a los medios. Este desarrollo ha generado un gran revuelo en el ámbito político y judicial, ya que es la primera vez que un fiscal general se enfrenta a una investigación de este tipo en la historia de España.
El escándalo no solo afecta a la fiscalía, sino que también podría tener consecuencias significativas para el gobierno de Pedro Sánchez. La situación se complica aún más con la aparición de nuevos testimonios y documentos que sugieren que el gobierno central podría haber estado al tanto de la información relacionada con González Amador. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha sido citado a declarar como testigo, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y complicar aún más la situación para el ejecutivo.
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