Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha captado la atención de los medios y la opinión pública. La situación se ha intensificado tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de aplazar su declaración como investigada al 18 de diciembre.
Este aplazamiento se produce en un contexto donde las acusaciones populares han solicitado medidas cautelares, incluyendo la retirada del pasaporte de Gómez, lo que ha generado un debate sobre la proporcionalidad de tales acciones.
Las acusaciones, que incluyen a partidos como Vox y organizaciones como Hazte Oír, han argumentado que Begoña Gómez debería ser sometida a restricciones de viaje debido a su supuesta intención de eludir la justicia.
Sin embargo, el juez ha desestimado estas solicitudes, considerándolas “innecesarias y desproporcionadas”. La defensa de Gómez ha argumentado que su ausencia en la citación judicial se debe a compromisos oficiales en Brasil, donde asistirá a la cumbre del G-20. Este argumento ha sido clave para la decisión del juez de no imponer restricciones severas.
La situación de Begoña Gómez no solo afecta su vida personal, sino que también tiene implicaciones políticas significativas. La investigación ha sido utilizada por la oposición para cuestionar la integridad del Gobierno de Sánchez, lo que ha llevado a un clima de tensión en el ámbito político. La defensa de Gómez ha insistido en que las acusaciones son infundadas y que su compromiso con la cumbre internacional demuestra su responsabilidad como figura pública. A medida que se acerca la nueva fecha de declaración, la atención mediática y política sobre este caso solo parece aumentar.
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