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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido asumir la investigación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco del denominado ‘caso Koldo’. Esta decisión se produce tras la remisión de una exposición razonada por parte del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ha señalado la posible implicación de Ábalos en la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
La investigación se centra en la actuación del exdirigente socialista, quien, debido a su condición de aforado como miembro del Congreso de los Diputados, está sujeto a un proceso judicial diferente al de otros ciudadanos.
El tribunal ha designado al magistrado Leopoldo Puente como instructor del caso, y ha considerado que existen suficientes indicios para continuar con la instrucción. Según el auto del tribunal, se ha detectado que Ábalos pudo haber favorecido a una trama corrupta que buscaba obtener contratos con la administración pública aprovechando la urgencia de la pandemia. En su papel como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, Ábalos habría tenido acceso a información privilegiada que le permitió facilitar la adjudicación de contratos de suministro de material sanitario.
El auto también menciona que el grupo de personas involucradas en este caso contaba con información previa sobre las necesidades urgentes de la administración, lo que les permitió presentar ofertas que aseguraran la adjudicación de contratos. Además, se señala que el exasesor de Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, también están bajo investigación, aunque su caso se tramitará de manera independiente en la Audiencia Nacional. La Sala ha dejado claro que solo se unirá el procedimiento al Tribunal Supremo si se encuentra una conexión material inescindible entre los hechos investigados y las personas aforadas.
La resolución del tribunal destaca la importancia de continuar la investigación para determinar si los hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En este sentido, el instructor del Supremo se centrará exclusivamente en los hechos que afectan a Ábalos, dejando de lado a los demás investigados, a menos que se demuestre una conexión directa. La investigación se presenta como un proceso crucial para esclarecer la posible corrupción en la gestión de recursos durante la pandemia, un tema que ha generado gran interés y preocupación en la sociedad española.
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