Il PP di Valencia chiede un intervento immediato del Governo per affrontare la crisi.
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La reciente riada en Valencia ha dejado a la comunidad en una situación de emergencia, lo que ha llevado al Partido Popular (PP) a exigir una respuesta inmediata del Gobierno central.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la labor del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha estado al frente de la crisis desde el primer momento. Gamarra ha subrayado que la gestión de la crisis no debe ser un campo de batalla política, sino una cuestión de responsabilidad y acción efectiva.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP, Gamarra ha reiterado la necesidad de declarar la emergencia nacional, lo que permitiría al Ministerio del Interior asumir el control de la situación. Esta declaración, según Gamarra, es crucial para movilizar los recursos necesarios y atender las necesidades urgentes de la población afectada. La dirigente popular ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de acción y por estar más enfocado en “discusiones competenciales absurdas” que en resolver la crisis.
Gamarra ha señalado que es responsabilidad del Gobierno central actuar sin demoras y cubrir las necesidades expresadas por Mazón, que ascienden a 31.400 millones de euros. La cifra anunciada por la Moncloa de 10.600 millones para la recuperación es considerada insuficiente por el PP. Además, Gamarra ha rechazado cualquier intento de vincular las ayudas a la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado, argumentando que la situación exige una respuesta inmediata y no puede esperar a trámites parlamentarios.
La secretaria general del PP ha acusado al Gobierno de “utilizar la tragedia” para sus propios intereses políticos, lo que ha generado un malestar considerable dentro del partido, especialmente en la Comunidad Valenciana. Gamarra ha enfatizado que un gobierno debe estar preparado para desplegar todas sus competencias en situaciones de emergencia, y no esperar a que se le pida ayuda. La falta de acción del Gobierno ha sido vista como un fracaso en su deber de proteger a los ciudadanos en momentos críticos.
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