La Generalitat valenciana enfrenta un bloqueo en la aprobación de proyectos de energía renovable por un total de entre 3.500 y 4.000 megavatios (MW), lo que equivale a la capacidad de cuatro plantas nucleares como la de Cofrentes, que actualmente opera Iberdrola y cuya clausura está programada para 2030.
La Conselleria de Industria tiene en trámite 399 solicitudes para instalaciones fotovoltaicas y eólicas, y según indica la asociación valenciana de energías renovables, Avaesen, la energía generada por estas instalaciones superaría la que actualmente aporta la planta nuclear. Las plantas solares pueden operar aproximadamente 2.100 horas al año, mientras que la nuclear alcanza las 7.500 horas.
Según las mismas fuentes, la activación de estos proyectos pendientes podría igualar e incluso exceder la producción de Cofrentes.
Por otro lado, el presidente del Consell, Carlos Mazón, ha comenzado una iniciativa para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, solicitando una revisión del programa de cierre de la central en Valencia para considerar una posible extensión que prevenga un déficit en la generación de electricidad tras su desconexión. Esta demanda es similar a la que ha planteado María Guardiola, presidenta de Extremadura, en relación con la planta de Almaraz, que se prevé que cierre en 2027.
La Comunidad Valenciana se encuentra entre las comunidades autónomas en España que han avanzado más lentamente en la implementación de energías renovables y en lograr los objetivos de descarbonización establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, persisten interrogantes sobre la capacidad de los proyectos de energías renovables planificados para satisfacer las demandas energéticas futuras. La expectativa de un aumento en la demanda eléctrica en los años venideros hace que sea arriesgado establecer paralelismos entre la capacidad de generación actual y la transición de fuentes energéticas contaminantes a limpias. Sectores que requieren gran cantidad de electricidad, como el creciente uso de vehículos eléctricos y los centros de datos, anticipan una demanda energética mayor que deberá alinearse con las metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del fabricante de seguidores solares PV Hardware en Cheste, Mazón resaltó los «progresos logrados en el último año» en áreas como la fotovoltaica, la biomasa, el biogás, el hidrógeno y el amoniaco verde. También defendió la extensión de la operación de la central nuclear de Cofrentes «más allá de consideraciones ideológicas». Subrayó que «la Comunitat Valenciana no puede permitirse una pausa en el suministro energético» y añadió que su administración «ha intensificado sus esfuerzos» en el ámbito de la energía fotovoltaica «desde un enfoque sostenible, equilibrado y sensato». Según indicó, «en solo un año se han autorizado más megavatios que en los ocho años anteriores».
El sector de energías renovables en la comunidad autónoma se muestra positivo respecto a las recientes reformas legislativas implementadas por el Consell del Partido Popular. No obstante, opinan que los trámites administrativos continúan siendo excesivamente lentos, alcanzando hasta 48 meses, lo cual contrasta con el discurso del presidente alicantino. Atribuyen esta situación a la carencia de funcionarios que dediquen esfuerzos a acelerar estos procesos. Un promotor de parques solares, aludiendo a esta ineficiencia, comentó de manera irónica que «Mazón tiene una nuclear estancada en los archivos», resaltando que la «autonomía energética» también implica reducir la dependencia de la compra de uranio enriquecido a naciones extranjeras.
Además, se debe considerar el alto costo relacionado con el mantenimiento y la seguridad de los desechos nucleares, que se prolongarán durante siglos y generan serias interrogantes sobre la viabilidad económica de las grandes plantas. La central de Cofrentes representa más del 40% de la energía eléctrica producida en la Comunidad Valenciana (y un 3,2% a nivel nacional). Sin embargo, en la primavera pasada, Iberdrola tomó la decisión de suspender sus actividades por casi un mes debido a la intensa producción de energías renovables, que afectaba los precios y hacía que la energía nuclear no resultara rentable. Los costos de producción se ven incrementados también por las tarifas que aplica Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos en España. El sector nuclear ejerce presión para disminuir esta carga tributaria y asegurar la viabilidad de sus operaciones, aunque la normativa se basa en el principio de que quien contamina debe asumir los gastos, especialmente dado que los residuos siguen siendo peligrosos durante siglos.
La Generalitat de Valencia tiene en pausa numerosos trámites relacionados con instalaciones de energías renovables, específicamente fotovoltaicas y eólicas, que representan una capacidad eléctrica bruta de entre 3.500 y 4.000 megavatios (MW). Esta potencia es comparable a la de cuatro plantas nucleares, como la de Cofrentes, que es gestionada por Iberdrola y cuya clausura está programada para el año 2030. Desde la Conselleria de Industria se manejan actualmente 399 propuestas en proceso, las cuales, de acuerdo con declaraciones de la Asociación Valenciana de Empresas de Energías Renovables (Avaesen), producirían una cantidad de energía que excedería considerablemente la que actualmente aporta a la red la planta nuclear. Las instalaciones solares pueden generar energía aproximadamente 2.100 horas al año, en contraste con las 7.500 horas de producción de la planta nuclear. Según las mismas fuentes, «la activación de todos los proyectos pendientes podría igualar e incluso superar la generación de Cofrentes».
