El Consell ha manifestado su intención de extender la operación de la planta nuclear de Cofrentes más allá del límite establecido por el plan nacional vigente, que señala el año 2030 como el final. Esta instalación proporciona un 45% de la energía consumida en la Comunitat, y no se vislumbran fuentes renovables que puedan reemplazarla en el corto plazo.
Esto implicaría un incremento en los costos energéticos, afectando a empresas y consumidores.
La reacción de la oposición ha sido crítica, sugiriendo que esta iniciativa de Carlos Mazón es una estrategia para desviar la atención de la condena de Eduardo Zaplana, advirtiendo que, si se permite, Cofrentes podría experimentar una situación similar a la de Fukushima.
La propuesta de Mazón parece lógica, pero no debería presentarse como una dicotomía entre energía nuclear y caos. Creo que puede existir un equilibrio. No obstante, la oposición mantiene una postura rígida, con discursos cada vez más uniformes que se enfocan en una «transición ecológica justa» o en la perspectiva del caos. La izquierda muestra una creciente tendencia al dogmatismo.
En temas como inmigración y vivienda, parece que el diálogo constructivo es cada vez más escaso. Se percibe un trabajo más orientado a la división que a la búsqueda de acuerdos. Por ejemplo, el desafío de la inmigración no se resolverá abriendo las fronteras indiscriminadamente ni a través de deportaciones masivas y centros de detención, ya sean locales o internacionales.
La situación de la vivienda también presenta un gran debate, y no se solucionará con más impuestos, restricciones a propietarios o con una desregulación total que deje desprotegidos a los inquilinos. Nos encontramos en una postura de “o se hace a mi manera o todo se desmorona”, dejando de lado cualquier posibilidad de consenso, comprensión o diversidad de perspectivas.
