Después de las denuncias realizadas por RTVE y CC OO sobre la filtración de preguntas y respuestas durante las oposiciones para la división de Información y Contenidos de la entidad pública, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) está indagando sobre el origen de dicha filtración.
Sin embargo, la divulgación de esta información no sería el único delito posible, según un estudio de la World Compliance Association. Este documento sugiere que aquellos que accedieron a las preguntas podría enfrentar penas de cárcel.
Desde el sindicato CC OO se ha manifestado que «hay cientos de empleados que han intervenido, de diversas formas, en este tipo de fraude, refiriéndonos a quienes recibieron la información filtrada».
En situaciones anteriores donde se registraron filtraciones en oposiciones, los casos llegaron a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Allí se condenó a una aspirante que se benefició de datos filtrados en las oposiciones de Facultativo Especialista y Medicina Preventiva y Salud Pública en febrero de 2018. Esta candidata, según la WCA, logró una puntuación en la lista provisional de 96,16, lo que representaba 39,88 puntos más que la segunda mejor nota. Como resultado, le impusieron una pena de nueve meses de prisión, además de la inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas públicas y perder beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años. El estudio mencionado indica que «en el caso de RTVE, no hay agravación ni resultado [ya que el examen fue anulado y no se llevó a cabo], pero sí hay dolo», explica Jesús Odériz, abogado penalista y director del despacho Odériz Echevarría Abogados.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aquellos que reciban las preguntas y no informen sobre ello [el individuo tiene la obligación de reportar el conocimiento de los hechos], podrían ser considerados «en un estado de tentativa de delito contra la administración pública, lo que disminuiría significativamente la pena para esos opositores», aunque «cada uno de ellos seguiría siendo responsable». A pesar de que es poco probable que se lleven a cabo acciones legales contra los opositores que obtuvieron las preguntas, existe la posibilidad de que se les inicie un «proceso administrativo sancionador», lo cual les vetaría la posibilidad de presentarse «en las próximas dos o tres convocatorias».
