Esta semana, el Gobierno ha comenzado una nueva serie de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios para aprobar el camino hacia la estabilidad y la deuda, además de empezar a desbloquear el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025.
El tiempo es un factor crucial, ya que la Comisión Europea ha concedido a España un periodo «extra» para que le envíe el borrador presupuestario que incluya medidas específicas que se implementarán el próximo año, las cuales deben completar obligatoriamente su Plan Fiscal y Estructural.
El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, de origen italiano y miembro del partido socialista, ha advertido que la flexibilidad de la Comisión con respecto a los plazos «tiene sus límites». Esta afirmación se produjo pocos días antes de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa enviara el 15 de octubre su plan de ajuste, sin el borrador presupuestario correspondiente.
La ausencia de suficientes apoyos parlamentarios ha impedido que hasta el momento el Gobierno pueda avanzar en el proceso para aprobar las cuentas del próximo año. Esto plantea la posibilidad de que se vea forzado a enviar un borrador a Bruselas con medidas a implementar el año que viene, sin antes haber presentado los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, como señaló elEconomista.
Este escenario podría representar un desafío adicional para el Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha exigido que exista un consenso político sobre los aspectos generales del plan de ajuste fiscal estructural. Fuentes del ámbito financiero citadas por ‘La Información’ expresan reservas sobre la credibilidad de un plan a medio plazo que no ha sido debatido anteriormente en el Parlamento y que no ha contado con un acuerdo previo con la oposición, lamentando que la Comisión saliente haya permitido a los Estados actuar de esta manera.
Por el momento, la estrategia delineada por el gobierno de Pedro Sánchez sugiere extender a un periodo de siete años, desde 2025 hasta 2031, los esfuerzos requeridos para controlar la deuda y el déficit. Se estima que esta consolidación ascendería a aproximadamente 42.000 millones de euros durante dicho intervalo, lo que representa alrededor de cuatro décimas del PIB.
Alrededor de 4.500 millones de euros provendrían de incrementos impositivos que comenzarían a implementarse el año que viene, además de iniciativas destinadas a hacer más eficiente el sistema fiscal, basadas en las recomendaciones del ‘Libro Blanco’ elaborado por el Comité de Expertos en marzo de 2022. De este modo, el Gobierno cumpliría con la reforma fiscal exigida por Bruselas para tener acceso al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation, que equivale a 7.000 millones de euros.
El Ministerio de Economía ha planteado que uno de los aspectos fundamentales de las nuevas normativas, el gasto elegible (que no incluye conceptos como los intereses de la deuda o las inversiones financiadas con fondos europeos, entre otros) se limite a un crecimiento del 3,7% en 2025, 3,5% en 2026, 3,2% en 2027, 3% en 2028, 3% en 2029, 2,5% en 2030 y 2,4% en 2031.
Intercambio inicial de opiniones con Bruselas
Fuentes cercanas al Gobierno indican que ya se ha llevado a cabo un primer diálogo entre las autoridades españolas y las instituciones comunitarias respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo. Sin embargo, la Comisión no hará públicos sus informes sobre los planes de los diferentes países hasta, en principio, el 30 de noviembre. Antes de esa fecha, también se espera que haya evaluado el borrador del presupuesto.
Actualmente, existe una diferencia notable en los criterios de las cifras presentadas, considerando que las sugerencias de Bruselas para el Plan Fiscal y Estructural de nuestro país limitaban el aumento anual del «gasto neto primario» a un promedio del 2,8% entre 2025 y 2031, a comparación del 3% que propone el gobierno.
El 30 de octubre, la Autoridad Fiscal dará a conocer su informe habitual sobre los Proyectos y Fundamentos de los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Será interesante observar si se realiza algún comentario respecto al plan fiscal, ya que, en ausencia de un proyecto de cuentas del Estado, este documento sería la única fuente de información que tendría el organismo para ofrecer su evaluación.
Los planes dentro del nuevo marco de reglas fiscales son fundamentales para la gobernanza económica en la UE. En estos planes se define la trayectoria fiscal de los países miembros, así como las reformas y las inversiones públicas prioritarias para un periodo de cuatro años, extendible a siete si se implementan reformas estructurales y se realizan inversiones.
Estas políticas están diseñadas para asegurar una disminución sostenida y gradual de la deuda, así como un crecimiento que sea sostenible e inclusivo, evitando una política fiscal que sea procíclica, tal como enfatiza la Comisión. Además, los planes deben contemplar reformas e inversiones más amplias para hacer frente a las prioridades comunes de la Unión Europea, tales como las transiciones ecológica y digital, así como temas estratégicos y de defensa.
