Una supuesta nómada digital ha sido vinculada a varias ‘inquiokupaciones’ en la vibrante ciudad de Málaga, conocida por su creciente ecosistema tecnológico. Recientemente, fue desalojada de un apartamento después de casi dos años sin realizar el pago del alquiler. Una agencia inmobiliaria constató un nuevo lanzamiento tras varios meses de deudas acumuladas.
Afirmaba ser programadora.
Málaga se destaca en el ámbito internacional, atrayendo a grandes empresas como Google, Vodafone e IMEC, gracias a su clima favorable y alta calidad de vida, convirtiéndose en un destino ideal para nómadas digitales. O.S. era supuestamente una de estas trabajadoras freelance.
Sin embargo, María José Díaz, quien alquilaba la vivienda, y su familia finalmente lograron recuperar su piso tras una prolongada lucha de dos años para deshacerse de ella, quien aparentaba ser una ‘inquiokupa’ habitual que ocupaba viviendas de las que dejaba de pagar casi de inmediato.
Díaz cuenta que O.S. llegó a su piso, situado en el área de Finca El Pato, a través de una inmobiliaria. Este apartamento, cercano a la playa de la Misericordia, se localiza en una zona de desarrollo urbano de calidad en Málaga. Consistía en dos habitaciones, un baño, un salón, una cocina y acceso a una piscina comunitaria.
El contrato de arrendamiento se firmó el 26 de octubre de 2022, con una duración de un año que podría renovarse por otros cinco, y estipulaba un alquiler mensual de 1.050 euros, tras el pago de la primera renta y el depósito de garantía.
Unos días tras instalarse en el apartamento, la inquilina solicitó que le sustituyéramos la vitrocerámica y la lavadora. Nos sorprendió, ya que los electrodomésticos funcionaban correctamente, pero mi madre optó por acceder a su pedido. Esta decisión implicó un gasto de cerca de 700 euros para la familia, lo que encendió las alarmas sobre una posible problemática en la relación con ella. La confirmación de nuestras sospechas llegó rápidamente.
La inquilina tenía el compromiso de pagar el alquiler entre el 26 y el 30 de cada mes, pero empezó a incumplir desde el principio. Según María José, el 14 de diciembre de aquel año notificaron a O.S. sobre la falta de la transferencia correspondiente y le recordaron que habían actuado de manera ágil al atender su solicitud de cambio de electrodomésticos. «Ya hemos esperado lo suficiente», le reclamaron, mientras que ella, a través de varios mensajes de WhatsApp, alegaba estar en Ucrania y que no podía resolver nada a distancia, «solo puedo darlo en efectivo» (Sic). La madre de María José le señaló que las transferencias se pueden realizar desde un teléfono móvil, independientemente de la ubicación.
En respuesta, la inquilina mencionó que estaba enfrentando problemas con su cuenta en España y que no podría solucionarlo hasta regresar. «Creo que me estás engañando. Has tenido tiempo más que suficiente», le reprochó la propietaria, a lo que O.S. replicó: «Mire, le mando video de bombas, así un poco comprende las cosas» (Sic).
Díaz menciona que no hubo duda alguna sobre la capacidad económica de la mujer en cuestión, ya que fue elegida por la inmobiliaria entre varios aspirantes al alquiler. Ella, que es madre de un niño pequeño, afirmó ser «programadora o informática» y presentó una serie de documentos que podrían estar falsificados. Esta suposición se ve respaldada por un análisis de patrimonio realizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), donde no aparece indicio alguno de una ocupación como nómada digital. Además, la última mención, fechada en abril de 2023, indica que su único empleo era en una agencia de viajes, a pesar de que acumulaba meses de impago.
Uno de los afectados ha sufrido una pérdida económica que supera los 20.000 euros. A pesar de dejar de pagar el alquiler rápidamente, decidieron seguir abonando la electricidad y el agua, temerosos de que la inquilina pudiera acusarlos de coacción y utilizar esto a su favor para permanecer en el inmueble sin cumplir con sus obligaciones económicas.
La comunicación con ella cesó a finales de diciembre. El 28 de ese mes, el 19 de enero de 2023 y el 1 de marzo, los perjudicados intentaron contactarla nuevamente, recordándole que estaba generando una deuda y no recibieron respuesta alguna. En el último mensaje, se mencionaba que, «a fecha de hoy, todavía están pendientes los pagos de noviembre y diciembre de 2022, así como de enero y febrero de 2023».
La familia afectada decidió tomar medidas legales el 16 de marzo del año pasado, sintiéndose ansiosos por no saber cuándo culminaría el proceso y si lograrían recuperar su vivienda. Este evento ocurrió hace unas semanas, específicamente el 26 de septiembre, tras haber acumulado un perjuicio económico significativo que supera los 20.000 euros.
Al momento de que el grupo judicial ingresó a la propiedad, se percataron de que no había daños significativos. Algunas sillas estaban quebradas, el piso del baño mostraba signos de deterioro, había suciedad y alguna cerradura estaba dañada. «Nos sorprendió ver que se había ido dejando muchas de sus cosas», señala María José, quien menciona que hallaron ropa de cama, juguetes del niño, prendas personales y… «una gran caja llena de paquetes vacíos de tabaco».
Mientras recogían los objetos, realizaron un descubrimiento que evidenciaba un patrón de comportamiento recurrente. Hallaron un contrato de arrendamiento a nombre de la supuesta nómada digital, fechado el 13 de diciembre de 2023. Esto significaba que O.S. había estado enlazando ocupaciones ilegales durante varios meses.
«Contactamos con la agencia inmobiliaria que había gestionado el contrato, y nos informaron que la misma situación se había repetido con ellos. Pagué la fianza y el primer mes, y luego dejó de cumplir con sus obligaciones. En este caso, la deuda acumulada fue de cuatro meses», explica Díaz. La propiedad, que incluía un espacio de estacionamiento, estaba situada en La Unión y tenía un alquiler mensual de 1.200 euros.
La joven admite que «nunca imaginamos que nos tocaría vivir una okupación», pero este desafortunado acontecimiento no ha disminuido su deseo de alquilar el inmueble. De hecho, durante el mismo proceso, surgió una posible inquilina: «La agente judicial nos mencionó que tenía una colega en busca de vivienda y que no encontraba nada, así que iba a venir a conversar y ver el departamento».
