Sumar condiciona su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que se hagan permanentes los impuestos dirigidos a la banca y a las empresas energéticas. Además, entre las propuestas que Sumar desea incluir en los PGE se contempla la instauración de un impuesto solidario sobre grandes herencias que superen el millón de euros.
Este sábado, Sumar ha reconocido que aún está lejos de llegar a un consenso con el PSOE respecto a la reforma fiscal que el socio minoritario del Gobierno desea implementar para 2025. Sumar ha hecho énfasis en que no permitirán que se abandone la idea de establecer de manera definitiva el impuesto sobre la banca y el sector energético.
Desde la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se señala que persisten diferencias fundamentales entre ambos socios en lo que concierne a los problemas que consideran esenciales para lograr progreso en términos de justicia fiscal en España. Sumar subraya su postura de que el avance de los derechos y un Estado emprendedor debe financiarse mediante un refuerzo fiscal significativo que debe recaer en las grandes fortunas y oligopolios. Por lo tanto, advierten que no aceptarán que el PSOE eche atrás la permanencia del impuesto a estos sectores ni que se reduzca su recaudación para beneficiar a la banca y al oligopolio energético. «No retrocederemos en esta cuestión que consideramos crucial; la justicia fiscal es fundamental para impulsar la agenda social», recalcan.
Dentro de las medidas que Sumar propone para los PGE también se encuentra la creación del impuesto de solidaridad sobre grandes herencias, la aplicación del IVA a la educación y a seguros sanitarios privados, así como una reducción en el IVA de productos y servicios esenciales como peluquerías, centros veterinarios, pañales y bienes sin gluten.
Sumar ha expresado este sábado que dista de llegar a un consenso con el PSOE respecto a la reforma tributaria que el partido minoritario del Gobierno desea incorporar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Además, han dejado claro que no aceptarán que se renuncie a establecer de manera permanente y a fortalecer el impuesto sobre entidades financieras y compañías energéticas. La propuesta incluye aumentar la carga impositiva de los alojamientos turísticos con el objetivo de reducir significativamente su rentabilidad. Esto implicaría una tributación del 21% de IVA y la eliminación de la deducción de gastos financieros, de amortización y de mejoras en viviendas turísticas en áreas con tensión social al calcular los ingresos en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Desde la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha subrayado que aún persisten diferencias esenciales en los temas que consideran cruciales para avanzar hacia una mayor justicia fiscal en España.
