Este sábado por la tarde, una masiva manifestación recorrió las calles de Valencia para reivindicar el derecho a la vivienda, exigir la regulación de los precios de alquiler y prohibir los apartamentos turísticos en la ciudad. Con el eslogan ‘València s’ofega’, que evoca la inundación que afectó a la ciudad en 1957, el grupo València no està en venda, compuesto por alrededor de 200 colectivos y asociaciones, exigió acceso a una vivienda digna, la protección del territorio y políticas que eviten la turistificación.
La marcha comenzó en las Torres de Serrano y concluyó en la plaza del Ayuntamiento, destacándose por gritos como ‘Fuego, fuego, fuego, a la especulación’, ‘Ser casero no es una profesión’, ‘Tourist go home’ y ‘Un turista más, una vecina menos’, además de otros que pedían la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Durante la protesta, los asistentes hicieron sonar llaves de casas y mostraron pancartas con mensajes como ‘PiS.O.S A.C.A.B (All caseros are bastard)’, ‘Buitres y gaviotas, a fondo nos explotan’, ‘La ciudad para quien la habita’ y ‘El capitalismo es el cáncer que mata barrios’. Cuatro grupos de manifestantes partieron de diferentes lugares de la ciudad y se unieron a las 18:30 en las Torres de Serrano, donde colgaron una gran pancarta que decía «por el derecho a un hogar» junto a una bandera palestina. Ambas fueron retiradas por la Policía Nacional.
María Alandes, portavoz de València no està en venda y miembro del grupo LaMataObras, ha señalado que hoy en día «la mayor parte de la vivienda» en Valencia se alquila a individuos provenientes del norte de Europa, mientras que «el 30% de las compras» son realizadas por «inversores extranjeros y especuladores». «Están destruyendo Valencia. Están traspasando la ciudad a fondos especulativos y queremos que sea un lugar para su comunidad», ha afirmado, lamentando que esta situación afecta «a toda la ciudad». «Nos están echando. La gente se ve obligada a mudarse a localidades cercanas, donde también están aumentando los precios de la vivienda», ha advertido. Por esta razón, entre sus demandas, reclaman la «prohibición total» de las viviendas turísticas, incluyendo los bajos, ya que ha señalado la aparición de «hoteles horizontales». También se opone a la construcción de nuevos inmuebles, dado que «hay una gran cantidad de viviendas desocupadas» y proponen «utilizarlas». En este contexto, ha calculado que en Valencia existen «aproximadamente 57.000 viviendas vacías». «En el centro, el 40% de las viviendas está desocupada. En áreas como el barrio del Cabanyal, la situación es similar, con cerca del 40% vacante», ha subrayado.
Al mismo tiempo, Alba Font, otra de las portavoces de València no està en venda, ha expuesto otras demandas como que se declare la ciudad como zona tensionada para «implementar» un control en los precios de los alquileres. Ha enfatizado que desde 2015 hasta ahora, los precios de los alquileres han aumentado «un 117%» en la ciudad; además de solicitar la congelación de desahucios sin opciones de reubicación, entre otros temas.
Valencia se encuentra en una situación crítica, sintiendo una presión que requiere un cambio radical en su visión y estructura urbana. Se ha subrayado la necesidad de dejar de depender del turismo como principal motor económico. Ante la posibilidad de una huelga si no se atienden las demandas, Font ha mencionado que dentro del grupo «València no està en venda» hay diversas opiniones que deben considerarse, aunque ha añadido que, si las peticiones no son satisfechas, es necesario buscar soluciones desde los barrios.
Pablo Ramos, otro de los portavoces del colectivo, ha afirmado que «la ciudad pertenece a sus habitantes» y ha lamentado que muchas personas están siendo desplazadas de sus propias localidades. Ha reclamado la protección del territorio y el derecho a la vivienda, oponiéndose a la masificación turística que se experimenta. Además, ha descrito la situación del mercado de alquiler como «insostenible,» señalando que algunos arrendamientos son inasequibles, con jóvenes destinando hasta el 80% de sus ingresos solo para pagar rentas. Esta problemática impacta, según él, a personas de todas las edades por igual.
La angustia por esta crisis de vivienda ha llevado a muchos, incluidos padres con sus hijos, a manifestarse. Muchos consideran que la situación es una «agonía,» ya que, a pesar de tener empleo, los jóvenes nunca logran alcanzar la independencia. Laura ha compartido su tristeza por lo complicado que es alquilar o comprar una vivienda, instando a que esta problemática «debe terminar de inmediato.»
Marc ha defendido la necesidad de unirse y organizarse frente al grave problema de la vivienda y el aumento de apartamentos turísticos. Su compañero en la protesta, Milo, ha destacado que en su edificio solo residen dos personas, mientras que todos los demás espacios están destinados a turistas. En cuanto a las proyecciones futuras, ambos han coincidido en que son desalentadoras, aunque Marc ha expresado su esperanza de que el Gobierno actúe y regule el sector de la vivienda, ya que, de lo contrario, la situación solo podría empeorar.
Por su parte, Compromís ha criticado la «invasión» de los alojamientos turísticos. Durante la manifestación, Papi Robles, portavoz de Compromís per València, anunció que su equipo llevará al Pleno del ayuntamiento las propuestas de los organizadores, considerándolas «muy beneficiosas». Entre estas, destacó la necesidad de prohibir la creación de más apartamentos turísticos, afirmando que la ciudad está siendo «invadida». Robles también ha solicitado establecer límites en los precios de alquiler en Valencia, los cuales están «totalmente descontrolados», y cuestionó la inacción del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, sugiriendo que quizás su prioridad esté más alineada con los especuladores que con los ciudadanos de a pie. Además, hizo un llamado al Gobierno central para que «recupere» las viviendas de la Sareb, argumentando que «la ciudadanía las requiere». «Es hora de que pongamos esas viviendas al servicio de las personas que tienen derecho a un hogar», concluyó.
El PSPV se opone a la especulación inmobiliaria. Borja Sanjuán, representante del PSPV-PSOE en València, ha criticado a Mazón y a la alcaldesa María José Catalá por decidir que las regulaciones de vivienda no se apliquen en la ciudad. Según él, esta decisión está forzando a muchos ciudadanos, tanto jóvenes como mayores, a dejar los barrios donde han vivido. Sanjuán ha instado a estas autoridades a actuar «en contra de la especulación inmobiliaria», que representa el 70% de las adquisiciones en València. Como respuesta, el PSPV planea presentar una propuesta para prohibir la compra de inmuebles en la ciudad a quienes no planeen residir en ellos. Al ser cuestionado sobre la capacidad del Gobierno central para intervenir, Sanjuán señaló que «siempre se puede hacer más», pero remarcó que tanto Catalá como Mazón «se niegan a ejercer sus competencias en asuntos de vivienda». También destacó que «ellos se sienten cómodos en un ambiente donde priman los intereses de los especuladores», subrayando que «es fundamental que todos hagan una reflexión crítica y se alineen con quienes no desean dejar su hogar ante la presión de los fondos de inversión».
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